Mientras en el Congreso los diputados se enredan en discusiones sobre quién
merece más recursos —ellos o los demás—, varias organizaciones civiles
aprovecharon para recordarles que los migrantes y refugiados en México
también existen.
En una reunión con legisladores, representantes de ONGs y agencias
humanitarias exigieron un incremento presupuestal para fortalecer la atención y
protección a personas migrantes, especialmente menores de edad y mujeres
que cruzan el país huyendo de la violencia o buscando mejores oportunidades.
Las cifras hablan solas: México ha recibido más de 130 mil solicitudes de asilo
en lo que va del año, y los albergues están saturados. Sin embargo, el dinero
destinado para su atención apenas alcanza para cubrir lo básico. “Queremos
que los diputados se pongan en los zapatos de un migrante, aunque sea por
cinco minutos”, señaló una activista con evidente frustración.
Las ONGs piden que el presupuesto de 2026 contemple mayor apoyo a la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y a los albergues
comunitarios, que actualmente sobreviven con donaciones o recursos mínimos.
También advirtieron que el recorte de fondos podría agravar la crisis
humanitaria en estados fronterizos como Chiapas, Tabasco y Baja California.
Pese a la urgencia, en el Congreso la petición se topó con la típica respuesta
burocrática: “se analizará en su momento”. Traducido: ya veremos.
Mientras tanto, los migrantes siguen caminando por las carreteras mexicanas
con mochilas rotas y sueños en los bolsillos, esperando que la solidaridad pese
más que los discursos.
Y aunque las organizaciones mantienen la esperanza, la realidad es que en este
país los derechos humanos siempre van al final de la fila… justo detrás del
aumento salarial de los diputados.