La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner bajo la lupa uno de los temas
más incómodos del aparato público: el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Durante un evento oficial, la mandataria reconoció que el mecanismo creado
para combatir irregularidades y transparentar el ejercicio gubernamental “no
está funcionando a plenitud” y requiere una revisión profunda.
El SNA, instaurado en 2016 como una respuesta institucional a los escándalos
de corrupción, ha sido señalado por su falta de resultados, la ausencia de
coordinación entre sus órganos y una burocracia que parece más diseñada para
la simulación que para la eficacia. Sheinbaum no eludió la crítica: dijo que es
necesario replantear procesos, facultades y estructura, con el objetivo de lograr
un sistema que realmente sirva y no solo ocupe un espacio en el organigrama
federal.
Aunque la presidenta no detalló reformas específicas, adelantó que su
administración presentará una propuesta integral para fortalecer controles
internos, agilizar investigaciones y mejorar la colaboración con estados y
municipios, donde la corrupción suele encontrar terreno fértil. “No podemos
seguir con un sistema que no ha dado los resultados que el país exige”, señaló.
La declaración abrió rápidamente el debate. Organizaciones civiles celebraron
la intención de revisar el SNA, pero advirtieron que cualquier cambio debe
garantizar independencia, transparencia y mecanismos reales de escrutinio
ciudadano, no simples ajustes cosméticos. Analistas también recordaron que
sin autonomía técnica ni presupuestal, el sistema difícilmente podrá cumplir su
propósito.
Por otro lado, los críticos del gobierno consideraron la postura de Sheinbaum
como una señal de que el SNA ha sido ignorado durante años y ahora se intenta
reformar sin un diagnóstico claro. Algunos legisladores de oposición pidieron
que la revisión incluya garantías de que no se concentrará más poder en el
Ejecutivo.
Mientras tanto, el tema promete dar para largo. La revisión del sistema
anticorrupción podría convertirse en una de las reformas más relevantes del
sexenio, no solo por su impacto institucional, sino por lo que representa
políticamente: convertir un discurso recurrente —“combatir la corrupción”— en
acciones concretas.
De buenas intenciones está lleno el camino; lo que falta es ver si esta vez la
estructura realmente cambia o si el SNA seguirá siendo un gigante de papel.