No fue un grito político ni una consigna partidista. Fue el reclamo desesperado
de un padre. Durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum
en Tizayuca, Hidalgo, un hombre se acercó al templete y, sin vallas ni filtros de
por medio, interrumpió el evento para pedir ayuda. Su nombre es Juan Leonardo
Pérez y su historia explica por qué decidió romper el protocolo.
Según su denuncia pública, su hijo —un niño de 9 años con autismo— habría
sido víctima de abuso sexual presuntamente cometido por el director de una
escuela en ese municipio. Pérez asegura que denunció el caso ante las
autoridades, pero lejos de encontrar justicia, se topó con irregularidades,
omisiones y un silencio que, afirma, terminó por ponerlo en riesgo.
El padre sostiene que durante la investigación se habrían borrado videos que
formaban parte de la evidencia y que incluso existiría falsificación de firmas
dentro de la carpeta del caso. A esto se suma lo más grave: amenazas de
muerte, que, de acuerdo con su testimonio, comenzaron después de insistir en
que el caso no fuera archivado.
Con ese contexto, el momento en Tizayuca cobra otra dimensión. No fue un
acto improvisado por protagonismo, sino una decisión límite. Frente a la
presidenta, Pérez pidió ser escuchado. Sheinbaum respondió con calma:
“Ahorita te escucho”, dijo, mientras su equipo lo retiraba del templete para
atenderlo fuera de cámaras.
Más tarde, la mandataria aclaró que el hombre no burló la seguridad, ya que el
evento se realizó sin barreras, y reiteró su compromiso de mantener cercanía
con la gente, incluso cuando eso implique momentos incómodos.
Tras el incidente, autoridades federales informaron que se recabaron los datos
del padre de familia para revisar la carpeta de investigación en la Fiscalía de
Hidalgo y evaluar medidas de protección para él y su familia.
El caso ha generado indignación en redes sociales, no solo por la denuncia de
abuso infantil, sino por lo que refleja: la dificultad de acceder a la justicia
cuando se trata de ciudadanos comunes. La ironía es dura: un padre tuvo que
interrumpir a la presidenta para lograr lo que, en teoría, debería ser automático.
Por ahora, la carpeta sigue bajo revisión. Y la pregunta queda flotando:
¿cuántas voces más necesitan romper el protocolo para ser escuchadas?