La muerte de dos niñas haitianas dentro de un albergue administrado por el DIF
estatal en Oaxaca encendió alertas internacionales.
Agencias de la ONU como UNICEF, ACNUR y Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer
cómo las menores migrantes cayeron en una fosa séptica dentro de la casa
hogar.
El hecho ocurrió en un espacio que, en teoría, debía ofrecer protección a niñas y
niños en situación de movilidad. Un refugio. Un lugar seguro. No un escenario de
riesgo mortal.
De acuerdo con los reportes, las menores estaban bajo resguardo institucional
cuando ocurrió el incidente. La pregunta central es cómo una infraestructura
que alberga a población vulnerable no contaba con medidas suficientes para
evitar un accidente de esta naturaleza.
Las agencias internacionales subrayaron la necesidad de determinar
responsabilidades y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
También recordaron que los Estados tienen la obligación de proteger a la niñez
migrante bajo estándares internacionales de derechos humanos.
El caso no solo expone posibles fallas de supervisión, sino también el reto
estructural que enfrentan los sistemas de asistencia ante el incremento de
flujos migratorios en el país.
Más allá de la investigación técnica, el tema toca una fibra sensible: cuando
menores bajo custodia del Estado pierden la vida, la responsabilidad
institucional es inevitablemente cuestionada.
Hasta ahora, autoridades estatales han señalado que se realizarán las
indagatorias correspondientes. Sin embargo, el impacto ya trascendió fronteras.
Porque cuando organismos de la ONU levantan la voz, el mensaje es claro: no se
trata de un incidente menor, sino de un caso que exige transparencia total.
Y en medio del dolor, queda una exigencia básica: justicia y garantías de no
repetición.