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OPINIÓN DE: MARÍA RESENDIZ
PACHUCA, HGO., 24 DE ABRIL DE 2026
La polémica desatada en Chihuahua tras la muerte de cuatro
personas dos de ellas presuntamente vinculadas a la Agencia Central de
Inteligencia no es un episodio menor ni aislado. Es, en realidad, un
síntoma de un problema más profundo: la fragilidad en los límites de la
cooperación internacional en materia de seguridad y el respeto a la
soberanía nacional.
La acusación del senador Javier Corral contra la gobernadora
María Eugenia Campos Galván pone el dedo en la llaga. Más allá de la
disputa política que sin duda existe lo que está en juego es algo
estructural: ¿quién controla realmente las operaciones de seguridad en
el país?
La Constitución es clara. La relación con gobiernos extranjeros,
particularmente en temas sensibles como la seguridad, corresponde
exclusivamente al ámbito federal. No es un tecnicismo jurídico; es una
salvaguarda histórica. México ha construido esa barrera precisamente
para evitar episodios de injerencia que, en el pasado, han dejado
cicatrices profundas.
Por eso, la sola posibilidad de que agentes extranjeros hayan
tenido participación operativa y no meramente técnica o de
capacitación sin conocimiento o autorización plena del gobierno federal
resulta inquietante. No se trata de negar la cooperación internacional,
que es necesaria en un contexto de crimen transnacional, sino de definir
sus límites con precisión.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática: no puede
haber agentes extranjeros operando en territorio nacional fuera de los
canales institucionales. Su declaración no solo marca una postura
política, sino que reafirma un principio de Estado.
Sin embargo, la defensa de la gobernadora quien sostiene que se
trataba de labores técnicas y no operativas introduce una zona gris
preocupante. ¿Dónde termina la asesoría y dónde comienza la
intervención? ¿Quién supervisa esas actividades? ¿Qué protocolos
existen y, más importante aún, se están cumpliendo?
La admisión de fallas en la comunicación con la Federación agrava
el panorama. En temas de seguridad, la descoordinación no es un error
menor: es una vulnerabilidad.
Este caso también revive un viejo fantasma: la desconfianza hacia
la actuación de agencias estadounidenses en México. No es paranoia ni
nacionalismo trasnochado; es memoria histórica. Cada episodio ambiguo
alimenta la percepción de que las reglas no siempre están claras o peor
aún, que pueden flexibilizarse según las circunstancias.
Lo ocurrido en la sierra de Chihuahua trasciende el accidente que
le dio origen. Se ha convertido en una prueba de estrés para el Estado
mexicano: su capacidad de coordinación interna, su transparencia y,
sobre todo, su compromiso con la defensa de la soberanía.
Porque al final, la pregunta de fondo no es quién tiene la razón en
la disputa política, sino si México está manteniendo el control sobre su
propio territorio. Y esa, más que una discusión coyuntural, es una
definición de país.