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EL NUEVO CAMPO DE BATALLA ENTRE EL PODER FISCAL Y EL CONTROL CONSTITUCIONAL
OPINIÓN DE: CARLOS BETANCOURT
PACHUCA, HGO., 17 DE OCTUBRE DE 2025
El exministro de la Suprema Corte y actual consejero del
gobierno federal, Arturo Zaldívar, dijo en la conferencia de la
mañanera del Pueblo, que Quien hable en contra de la nueva Ley de
Amparo asegurando que hay retroactividad “es mentiroso”, aseguró la
presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “O mienten deliberadamente o de
plano no han leído (la reforma) y actúan por consigna”, expresó.
volvió al centro del debate político al acusar una “campaña de
desinformación” en torno a la reforma a la Ley de Amparo, aprobada
recientemente por el Congreso. Según el jurista, los críticos difunden
“falsedades” sobre una supuesta retroactividad y sobre la afectación de
derechos ciudadanos, lo que afirma no existe en el texto ni en el
propósito de la ley.
La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo ha desatado una
batalla política que trasciende lo jurídico: enfrenta la estrategia del
Gobierno por recuperar montos fiscales millonarios y el temor a debilitar
el principal contrapeso ciudadano ante el poder. En el centro, la frase
del exministro Arturo Zaldívar: “no hay retroactividad”. Sin embargo, los
transitorios y las lecturas de especialistas muestran que ese argumento
no convence ni a la oposición ni a buena parte de la academia.
La narrativa oficial, respaldada por morenistas y voceros del
Ejecutivo, asegura que la reforma no despoja derechos adquiridos.
Zaldívar afirma que “en materia procesal no hay retroactividad” y que las
suspensiones obtenidas seguirán vigentes. El Gobierno sostiene que la
reforma moderniza los juicios, combate abusos procesales y permite
recuperar cerca de dos billones de pesos en créditos fiscales, sin subir
impuestos.
Pero la resistencia es amplia: partidos opositores, juristas y
organizaciones civiles advierten que los transitorios podrían aplicar la
nueva norma a amparos ya iniciados, afectando derechos o
suspensiones. Para muchos, eso es retroactividad encubierta. Además,
la reforma toca el interés legítimo, la suspensión de actos y el acceso
colectivo al amparo, aspectos que alteran el equilibrio entre ciudadano y
Estado.
El texto legal mantiene ambigüedades: aunque proclama no ser
retroactivo, permite aplicarse a “actuaciones futuras” en casos en
curso, dejando al criterio judicial su interpretación. Ese margen es el
corazón del debate: según cómo se lea, puede cambiar completamente
los resultados.
Reducir la crítica a “defensores de deudores fiscales y abogados
del PRIAN” simplifica una oposición mucho más diversa: académicos,
ambientalistas y legisladores alertan por el debilitamiento del amparo y
la prisa legislativa. Para ellos, el discurso oficial busca deslegitimar
preocupaciones legítimas sobre derechos e institucionalidad.
El ritmo acelerado de aprobación y el trasfondo fiscal hacen de
esta reforma un riesgo político: si la sociedad percibe un uso punitivo de
la ley, podría crecer la narrativa de autoritarismo jurídico. Si, en cambio,
el Ejecutivo logra recaudar sin violar garantías, sumará una victoria
estratégica.
La frase “no hay retroactividad” funciona como eslogan, no como
certeza. Lo que se disputa es el equilibrio entre la fuerza recaudatoria
del Estado y la fortaleza del amparo como defensa ciudadana. El
desenlace dependerá de los tribunales, la aplicación práctica y la
capacidad del Gobierno para probar que la eficacia fiscal no implica
sacrificar derechos.