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POR LA REDACCIÓN
PACHUCA, HGO., 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
La reciente detención de seis personas vinculadas al denominado
“Cártel del Agua” expone no solo operaciones ilícitas, sino también las
consecuencias de un control político y discrecional del agua, que
termina afectando al pueblo.
Los detenidos eran líderes o integrantes de organizaciones
sociales con apariencia de sindicatos, como La Chokiza y Los MAyas,
utilizadas como fachada para extraer y vender agua de manera ilegal.
Entre sus prácticas detectadas destacan:
Pozos ilegales operando sin permisos ni regulación ambiental.
Pipas piratas que distribuían agua fuera de la legalidad. Despojo de
predios para instalar infraestructura sin autorización.
Expertos en recursos hídricos señalan que este caso refleja un
patrón mayor: cuando el agua queda en manos de políticos o grupos con
influencia, su manejo prioriza intereses privados o partidistas sobre las
necesidades de la población. Esto genera desabasto, sobrecostos y
desigualdad en el acceso al recurso vital.
“La operación de este cártel muestra cómo la falta de supervisión
y la utilización política del agua termina afectando directamente a
quienes más dependen de ella”, indicó un especialista en políticas
hídricas.
Las autoridades aseguran que los detenidos enfrentarán cargos
por tráfico ilegal de agua, abuso de propiedad privada y organización
criminal. Sin embargo, el caso también abre un debate nacional sobre la
necesidad de garantizar la gestión del agua como un derecho público,
evitando que sea instrumento de lucro o control político.
El agua, recurso vital para millones de personas, continúa siendo
un campo de conflicto donde los intereses privados y políticos muchas
veces superan el bienestar ciudadano, dejando claro que mientras su
control esté concentrado, el pueblo seguirá sufriendo.