Mes: enero 2026

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la reforma
electoral que impulsa el gobierno se construirá “con todos” y que su legitimidad
vendrá directamente de “la voz del pueblo”. Una frase poderosa, repetida en la
política mexicana, que suena bien… y que siempre despierta suspicacias.
Según la funcionaria, el proceso buscará incluir a distintos sectores sociales,
fuerzas políticas y especialistas, con el objetivo de fortalecer la democracia y
garantizar elecciones más transparentes. La promesa es clara: no habrá
imposiciones, solo diálogo. Al menos, en el discurso.
Rodríguez subrayó que escuchar a la ciudadanía será clave para definir los
cambios al sistema electoral, un tema históricamente sensible en México,
donde cualquier ajuste a las reglas del juego suele encender alarmas. Porque
cuando se habla de elecciones, nadie quiere sorpresas de último minuto.
El planteamiento oficial apunta a una reforma legitimada desde abajo, con
consultas y participación social. Sin embargo, críticos recuerdan que el
concepto de “voz del pueblo” suele ser amplio y, a veces, convenientemente
interpretado. ¿Quién escucha? ¿A quién se escucha? ¿Y qué pasa cuando las
voces no coinciden?
La secretaria insistió en que el objetivo es mejorar el sistema democrático, no
debilitarlo. Aun así, la desconfianza no surge de la nada. Viene de experiencias
pasadas, de reformas apresuradas y de decisiones tomadas sin consensos
reales. En política, la forma importa tanto como el fondo.
Mientras el gobierno habla de apertura, la oposición y organizaciones civiles
piden claridad, reglas transparentes y garantías de que el proceso no se

convertirá en un trámite con resultado predeterminado. La legitimidad no se
proclama; se gana.
La reforma electoral sigue en el terreno de las promesas. El reto, como siempre,
será demostrar que “con todos” significa realmente con todos… incluso con
quienes no están de acuerdo.

Miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades de Estados Unidos
para protestar contra las redadas migratorias violentas, una estrategia que,
lejos de pasar desapercibida, volvió a encender el debate sobre derechos
humanos, migración y el uso de la fuerza como política pública.
Las movilizaciones, que reunieron a comunidades migrantes, activistas y
ciudadanos solidarios, denunciaron el carácter intimidatorio de los operativos,
señalando que no solo buscan detener personas, sino sembrar miedo. Familias
separadas, niños aterrados y barrios enteros paralizados forman parte del saldo
emocional de una política que muchos consideran inhumana.
Con pancartas, consignas y bloqueos simbólicos, los manifestantes dejaron
claro que el problema no es confirmación de leyes migratorias, sino la forma en
que se ejecutan. “No somos criminales”, fue uno de los mensajes más repetidos,
en respuesta a una narrativa oficial que suele reducir historias humanas a
simples estadísticas.
Las redadas, según organizaciones civiles, han incrementado la desconfianza
hacia las autoridades y debilitado la cooperación comunitaria. Personas que
temen salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o acudir a hospitales, por
miedo a ser detenidas. Un efecto colateral que, para muchos, es demasiado
alto.
Del lado oficial, el discurso insiste en que se trata de hacer cumplir la ley. Pero
en las calles, la percepción es otra: que se trata de una política dura para enviar
mensajes políticos, incluso a costa del tejido social. Porque cuando el miedo se
normaliza, la democracia se resiente.

Las protestas no solo cuestionan las redadas, sino el modelo migratorio
completo. Un sistema que depende de la mano de obra migrante, pero que
persigue a quienes la sostienen. Una contradicción que Estados Unidos lleva
años arrastrando.
Las movilizaciones continúan y el mensaje es claro: la migración no se
resolverá con operativos espectaculares ni con sirenas al amanecer. Se
resolverá con políticas que reconozcan la dignidad humana. Y eso, hoy por hoy,
sigue siendo el punto más ausente del debate.

María Corina Machado volvió a colocar una idea incómoda pero poderosa en el
centro del debate político venezolano: el país tiene la capacidad de financiar su
propia recuperación económica y transformarse en un territorio de
oportunidades. No habló de salvadores externos ni de cheques milagrosos.
Habló de Venezuela… usando sus propios recursos.
En un país acostumbrado a esperar soluciones que vengan de fuera
—organismos internacionales, aliados estratégicos o levantamientos de
sanciones—, la afirmación suena casi disruptiva. Machado sostiene que la clave
no está en la caridad internacional, sino en liberar el potencial productivo
interno, hoy atado por controles, desconfianza y falta de reglas claras.
La dirigente opositora aseguró que Venezuela cuenta con recursos naturales,
capital humano y ubicación estratégica suficientes para reconstruirse, siempre
que se generen condiciones de inversión, seguridad jurídica y respeto a la
propiedad privada. Dicho de otra forma: el dinero existe, pero no circula donde
debería.
Su planteamiento conecta con una narrativa cada vez más presente en sectores
empresariales y ciudadanos: el problema no es la ausencia de riqueza, sino la
incapacidad de convertirla en bienestar colectivo. Petróleo, minería, agricultura
y talento profesional siguen ahí. Lo que falta, según Machado, es un entorno que
permita que esos motores funcionen sin miedo.
El mensaje no es nuevo, pero sí insistente. Y también políticamente calculado.
Al hablar de oportunidades y autosuficiencia, Machado busca romper con el
discurso del colapso permanente y ofrecer una visión de futuro menos
resignada. Una Venezuela que no solo sobreviva, sino que prospere.

Sin embargo, el reto es enorme. La confianza perdida no se recupera con
declaraciones optimistas. Requiere cambios profundos, institucionales y
sostenidos en el tiempo. Reglas claras, transparencia y un Estado que deje de
ser obstáculo para convertirse en facilitador.
La idea está sobre la mesa: Venezuela puede financiarse sola. La pregunta no
es si tiene con qué, sino si habrá voluntad política para hacerlo posible. Porque
las oportunidades no se decretan… se construyen.

Rusia calificó como “inadmisibles” las medidas unilaterales de Estados Unidos
contra Cuba, acusando a Washington de intentar “asfixiar” a la isla mediante
sanciones económicas que, según Moscú, afectan directamente a la población y
profundizan la crisis social.
El pronunciamiento no sorprendió. La defensa de Cuba se ha convertido en una
constante dentro del discurso diplomático ruso, especialmente en un escenario
internacional marcado por tensiones geopolíticas, bloques enfrentados y viejas
alianzas que resurgen con fuerza renovada.
Desde la óptica rusa, las sanciones estadounidenses representan una violación
al derecho internacional y un instrumento de presión política que castiga más a
los ciudadanos que a los gobiernos. Un argumento que suena familiar y que
suele repetirse cada vez que el tema Cuba vuelve a ocupar titulares globales.
Estados Unidos, por su parte, mantiene que sus medidas buscan presionar por
cambios políticos y democráticos en la isla. Sin embargo, los resultados han
sido, cuando menos, discutibles. Décadas de sanciones no han producido la
transformación prometida, pero sí han contribuido a un escenario económico
cada vez más precario.
La postura rusa también tiene lectura estratégica. Defender a Cuba no es solo
un acto de solidaridad ideológica, sino una forma de marcar territorio frente a
Washington y reforzar su narrativa contra las sanciones como herramienta de
política exterior. Un mensaje que Moscú extiende a otros países que enfrentan
presiones similares.

Mientras las potencias intercambian declaraciones, Cuba sigue atrapada entre
discursos, bloqueos y promesas de apoyo que pocas veces se traducen en alivio
inmediato. La población, una vez más, queda en medio de una disputa que se
libra en foros internacionales, lejos de la vida cotidiana.
Rusia condena, Estados Unidos mantiene, y Cuba resiste. El tablero geopolítico
se mueve, pero la realidad en la isla cambia poco. Porque cuando las sanciones
se discuten como estrategia, quienes pagan el costo rara vez están sentados en
la mesa.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, fue
captada a bordo de una camioneta blindada valuada en más de dos millones de
pesos, una imagen que rápidamente desató críticas y volvió a poner sobre la
mesa el eterno debate entre discurso y realidad en los órganos autónomos.
La escena contrasta de forma incómoda con el mensaje de austeridad que se
repite desde el ámbito público y con las constantes exigencias de recorte
presupuestal que enfrentan instituciones como el INE. Porque hablar de
contención del gasto mientras se circula en un vehículo de alto costo no pasa
desapercibido.
El argumento de la seguridad personal suele aparecer como justificación
inmediata. Y es válido: los funcionarios públicos enfrentan riesgos reales. Sin
embargo, el problema no es solo el blindaje, sino el contexto. En medio de
cuestionamientos por el uso de recursos públicos y por los salarios de altos
mandos, la imagen resulta políticamente explosiva.
Las críticas no tardaron en llegar desde diversos frentes. Para algunos, se trata
de una medida necesaria. Para otros, de un símbolo más de desconexión con la
realidad cotidiana de millones de ciudadanos. En un país donde la mayoría se
mueve en transporte público o vehículos modestos, una camioneta de lujo
blindada no es un detalle menor.
El INE, como órgano autónomo, enfrenta además una presión constante por
justificar cada peso ejercido. Casos como este alimentan narrativas que buscan
desacreditar su funcionamiento y reducir su margen de legitimidad frente a la
opinión pública.
Más allá de la persona, el episodio refleja un problema más amplio: la dificultad
de sostener un discurso de austeridad cuando los símbolos juegan en contra. En
política, las imágenes pesan tanto como las decisiones.

La camioneta puede ser legal, presupuestada y autorizada. Pero la pregunta no
es si se puede, sino si se debe. Porque en tiempos de desconfianza
institucional, el lujo —aunque sea por seguridad— siempre se mira con lupa.

Bruno Mars está de regreso en el radar grande de la industria musical y su
nombre ya suena fuerte entre los artistas confirmados para actuar en la gala de
los Grammy 2026, un anuncio que de inmediato elevó las expectativas sobre
una ceremonia que promete menos solemnidad y más espectáculo.
El cantante hawaiano, conocido por convertir cualquier escenario en una pista
de baile global, vuelve a la conversación no solo por su talento vocal, sino por
su capacidad de conectar con audiencias de todas las edades. En una era
donde las galas musicales luchan por mantener relevancia, la presencia de
Bruno Mars funciona como un recordatorio incómodo pero efectivo: el carisma
todavía importa.
Aunque la Academia de la Grabación ha mantenido con cautela el resto del
cartel, la confirmación de Mars marca una línea clara sobre el tono que se
busca para la edición 2026: actuaciones memorables, energía en vivo y artistas
que no necesitan pirotecnia para dominar el escenario. Basta un micrófono, una
banda bien afinada y ese estilo retro-moderno que se ha convertido en su sello.
Bruno Mars llega además en un momento interesante de su carrera. Tras éxitos
que cruzaron géneros —del pop al funk, del R&B al soul—, su figura se mantiene
vigente sin necesidad de escándalos virales ni polémicas prefabricadas. Algo
poco común en una industria obsesionada con el ruido inmediato.
Para los Grammy, su participación representa también una apuesta segura
frente a las críticas constantes sobre audiencias a la baja y ceremonias
demasiado largas. Un show de Bruno Mars no promete sorpresas… promete algo
mejor: ritmo, precisión y entretenimiento puro.
Mientras se esperan más anuncios oficiales, el mensaje ya está claro: los
Grammy 2026 no quieren pasar desapercibidos. Y si alguien sabe cómo robarse
la noche sin pedir permiso, ese es Bruno Mars.
Porque cuando él sube al escenario, no se trata solo de música. Se trata de
recordar por qué alguna vez nos sentamos a ver una gala completa sin mirar el
celular.

El testimonio es tan crudo como revelador: “El Botox” no hacía distinciones.
Según un testigo, el presunto extorsionador cobraba cuotas incluso a personas
con discapacidad que apenas subsistían vendiendo artículos por catálogo. En su
lógica criminal, nadie quedaba fuera. Ni los más vulnerables.
La declaración forma parte de una investigación que perfila a “El Botox” como
un operador de extorsión sistemática, con una red que iba desde grandes
empresarios hasta humildes comerciantes, todos obligados a pagar por una
supuesta “protección” que solo existía como amenaza. Un esquema conocido,
pero no por eso menos indignante.
De acuerdo con el testimonio, el cobro no dependía del nivel de ingresos, sino
de la capacidad de intimidación. El mensaje era simple: paga o atente a las
consecuencias. Para quienes ya vivían al día, la cuota no solo era injusta, era
devastadora.
El caso exhibe una de las caras más crueles de la extorsión: su carácter
indiscriminado. No se trata solo de dinero, sino de control, miedo y
sometimiento. Cuando incluso personas con discapacidad se convierten en
blanco, queda claro que el límite moral no existe.
Autoridades señalan que este tipo de prácticas prosperan en entornos donde el
miedo sustituye a la confianza y donde denunciar parece más riesgoso que
pagar. Por eso, muchos casos permanecen ocultos durante años, normalizados
en silencio.
El testimonio contra “El Botox” busca romper ese ciclo. No solo aporta datos
sobre cómo operaba, sino que deja constancia del impacto humano detrás de la
extorsión: familias asfixiadas, pequeños ingresos confiscados y vidas
condicionadas por el terror cotidiano.

Más allá del nombre y del expediente, el caso vuelve a poner sobre la mesa una
realidad incómoda: la extorsión no distingue, no negocia y no perdona. Y
mientras siga siendo un negocio rentable, seguirá encontrando víctimas…
incluso entre quienes menos tienen.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes una
amnistía general, una palabra poderosa que en el país despierta esperanza
inmediata, pero también una larga lista de preguntas. Porque en Venezuela, la
política nunca llega sola: siempre viene acompañada de escepticismo.
El anuncio fue presentado como un gesto para avanzar hacia la reconciliación
nacional y aliviar tensiones acumuladas tras años de confrontación política,
sanciones internacionales y crisis económica. En el discurso oficial, la amnistía
aparece como una puerta abierta al diálogo y a la estabilidad. En la práctica,
muchos ciudadanos se preguntan quiénes cruzarán realmente esa puerta.
Rodríguez aseguró que la medida busca fortalecer la paz y la convivencia, en un
contexto donde el gobierno intenta proyectar una imagen de apertura tanto
hacia adentro como hacia afuera del país. Sin embargo, analistas y sectores de
la oposición recuerdan que no es la primera vez que se anuncian medidas
similares, con resultados desiguales y alcances limitados.
La palabra “general” suena amplia, casi generosa. Pero la letra pequeña —esa
que suele llegar después— es la que definirá si se trata de un cambio real o de
un movimiento político calculado. ¿A quiénes incluye? ¿Qué delitos abarca? ¿Se
aplicará sin distinción o con filtros selectivos? Son preguntas que siguen en el
aire.
Para una sociedad marcada por detenciones políticas, exilios forzados y
procesos judiciales cuestionados, una amnistía puede representar alivio, pero
también una promesa frágil. La confianza no se decreta; se construye. Y en
Venezuela, esa construcción ha sido lenta y accidentada.
Mientras tanto, el anuncio ya cumple una función clara: reposicionar al gobierno
en el tablero político regional e internacional. La narrativa de “apertura” vuelve
a escena, justo cuando el país busca oxígeno económico y reconocimiento
diplomático.

La amnistía está anunciada. Ahora viene lo más difícil: demostrar que no se
trata solo de un titular atractivo, sino de una medida capaz de cambiar
realidades. Porque en Venezuela, las palabras pesan… pero los hechos pesan
mucho más.

Por primera vez en la historia del Poder Judicial de la Federación (PJF),
secretarios de acuerdos, notificadores y actuarios serán sometidos a
evaluaciones periódicas, una medida que busca mejorar la productividad y,
sobre todo, atacar uno de los males crónicos del sistema: el rezago de
expedientes.
La decisión, confirmada por fuentes del Órgano de Administración Judicial,
marca un giro en una institución tradicionalmente opaca y poco dada a la
autoevaluación. En términos simples: quienes hacen que los juicios avancen —o
se estanquen— ahora también serán evaluados.
El objetivo oficial es claro. Las evaluaciones permitirán medir desempeño,
eficiencia y tiempos de respuesta, con la intención de identificar cuellos de
botella y mejorar el funcionamiento interno. Porque en la justicia mexicana, el
tiempo no es solo dinero: es derecho.
Durante años, ciudadanos y abogados han señalado que los retrasos judiciales
no siempre se deben a jueces, sino a procesos administrativos lentos,
notificaciones tardías y expedientes que parecen perderse en el laberinto
burocrático. Esta medida reconoce, implícitamente, que el problema va más allá
del estrado.
La iniciativa también envía un mensaje incómodo pero necesario: el Poder
Judicial no es intocable. Puede y debe rendir cuentas. Algo que, en un contexto
de reformas y críticas al sistema de justicia, resulta políticamente relevante.
Sin embargo, como toda evaluación, el reto no estará en aplicarla, sino en qué
se hará con los resultados. ¿Habrá capacitación real? ¿Se corregirán prácticas
ineficientes? ¿O se quedará en un trámite administrativo más?
El anuncio ha generado expectativas moderadas. Para algunos, es un paso
positivo hacia una justicia más ágil. Para otros, una medida insuficiente frente a

problemas estructurales más profundos. Aun así, el simple hecho de medir
desempeño ya rompe con una inercia histórica.
Porque en el Poder Judicial, evaluar no es castigar. Es admitir que la justicia
lenta también es una forma de injusticia.

La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá seis meses adicionales para
cerrar la investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, un caso
que prometía respuestas rápidas, pero que, como suele ocurrir, avanza al ritmo
clásico de la burocracia judicial.
Hasta ahora, el conductor del tren y el jefe de despachadores fueron vinculados
a proceso y permanecen en prisión preventiva, señalados como presuntos
responsables del incidente. La narrativa oficial apunta hacia errores humanos,
mientras el reloj corre y las preguntas de fondo siguen esperando turno.
El descarrilamiento no fue un hecho menor. Ocurrió en uno de los proyectos
emblemáticos del actual modelo de infraestructura del país, presentado como
símbolo de modernización, desarrollo regional y eficiencia logística. Por eso,
más allá de responsabilidades individuales, el caso puso bajo la lupa la
operación, supervisión y seguridad del proyecto.
La ampliación del plazo para la investigación fue justificada por la FGR como
necesaria para integrar pruebas, peritajes y análisis técnicos. En lenguaje llano:
el expediente aún no está listo. Y mientras tanto, dos funcionarios de menor
rango ya cargan con el peso completo del proceso penal.
Críticos del caso señalan que la investigación parece avanzar de abajo hacia
arriba… pero solo hasta cierto punto. Porque cuando se trata de grandes
proyectos, la pregunta incómoda siempre es la misma: ¿se revisarán las
decisiones estructurales o solo se castigará a quienes estaban al frente ese
día?
El uso de la prisión preventiva también ha generado debate. Para algunos, es
una medida necesaria dada la gravedad del caso. Para otros, una forma de
enviar un mensaje de mano dura mientras la investigación se prolonga sin
resultados concluyentes.

Seis meses pueden parecer poco en el calendario judicial, pero para los
implicados y para la opinión pública, es tiempo suficiente para que la exigencia
de justicia empiece a desgastarse. Porque cuando las investigaciones se
alargan, la verdad corre el riesgo de perderse entre oficios y dictámenes.
El Tren Interoceánico sigue en marcha. La investigación también. La diferencia
es que una avanza sobre rieles y la otra… a paso lento.

Jesús Paredes Mendieta y Leticia Silva Pintado
El pasado 24 de enero, Don Jesús Paredes Mendieta y Doña Leticia Silva
Pintado, celebraron sus Bodas de Oro, rodeados del inmenso amor de sus hijos y
nietos, así como de familiares y amigos.
La feliz pareja celebró la dicha de festejar cinco décadas de matrimonio,
fungiendo como anfitriones de lujo sus hijos, yernos y nietos: Carlos Dorantes
Ángeles y Patricia Paredes Silva, sus hijos Jesús Eduardo y Daniela Dorantes
Paredes; Gerardo Sandoval Hernández y Gabriela Paredes Silva sus hijas.
Patricia y Ana Paula Sandoval Paredes.
El evento se llevo a cabo en el elegante salón de fiestas Villa Alejandra, donde
fue servida una comida de manera especial para la ocasión, a la vez que se
disfrutó de música especial para la ocasión, lo que generó una hermosa y muy
amena tarde, donde las felicitaciones se dieron en honor de tan querida y
apreciada pareja que después de 50 años de matrimonio son un verdadero
ejemplo de unión y de amor.
Se encontraban presentes: familia Mendieta, Familia Dorantes, Laura Morales,
Margarita Patiño de Nieto, Rebeca Patiño Morel, Dr. Froylán Villegas y esposa,
Dr. Juan Luis Ríos y Rosa María Berber de Ríos, entre otros muchos más.

Donald Trump volvió a sacar del cajón una de sus herramientas favoritas: los
aranceles. Esta vez, el objetivo no es China ni Europa, sino los países que
suministran petróleo a Cuba, una medida que busca asfixiar energéticamente a
la isla bajo el viejo argumento de la presión económica. El mensaje es directo:
quien le venda crudo a Cuba, pagará las consecuencias en la relación comercial
con Estados Unidos.
La orden no es nueva en espíritu, pero sí contundente en forma. Se trata de una
política que castiga no solo a Cuba, sino a terceros países que mantienen
relaciones energéticas con la isla. En la práctica, Washington intenta cerrar aún
más el cerco, usando el mercado como arma política. Y todo, bajo la narrativa
de “defensa de la democracia”.
El impacto potencial va más allá del discurso. Cuba depende en gran medida de
importaciones de combustible para sostener su sistema eléctrico, el transporte
y sectores estratégicos. Limitar ese suministro no golpea a la élite gobernante,
sino a la población, que ya enfrenta apagones, escasez y una crisis económica
prolongada. Pero en la lógica del castigo, los matices sobran.
Para Trump, la medida también tiene lectura interna. Endurecer la postura
contra Cuba siempre ha sido rentable electoralmente, especialmente entre
sectores conservadores y comunidades clave en Florida. La política exterior,
una vez más, funciona como campaña permanente.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con escepticismo. Los
aranceles extraterritoriales suelen generar tensiones diplomáticas y
cuestionamientos legales. Pero Estados Unidos confía en su peso económico
para imponer reglas que pocos se atreven a desafiar.
El petróleo se convierte así en ficha de presión, no en recurso energético. Y
Cuba, una vez más, queda atrapada en una disputa que lleva décadas
repitiéndose, con resultados conocidos: más aislamiento, menos soluciones.
Trump aprieta, sanciona y anuncia. La pregunta sigue siendo la misma de
siempre: ¿cuántas veces más se puede castigar a un país sin admitir que la
estrategia no ha funcionado?

Ricardo Salinas Pliego finalmente pagará su deuda con el Servicio de
Administración Tributaria. No toda, no de golpe y, por supuesto, no sin drama. El
magnate aceptó cubrir el adeudo fiscal mediante pagos “chiquitos”, una fórmula
que en el México cotidiano se conoce como “abonos”, pero que en las altas
esferas empresariales suele llamarse “acuerdo”. Porque no es lo mismo deber
millones siendo ciudadano de a pie que hacerlo siendo uno de los hombres más
ricos del país.
La noticia fue presentada como avance institucional: el SAT cobrará. Sin
embargo, el detalle importa. No se trata de una liquidación inmediata ni de una
sanción ejemplar, sino de un esquema de pagos escalonados que confirma una
vieja sospecha nacional: la justicia fiscal es flexible cuando el contribuyente
tiene apellido famoso y cuentas generosas.
Durante años, Salinas Pliego mantuvo un pulso público con el SAT, usando
redes sociales como tribuna política, jurídica y emocional. Entre memes,
acusaciones de persecución y discursos sobre libertad empresarial, el
empresario logró algo clave: estirar el tiempo. Porque en materia fiscal, el
tiempo también es dinero. Y mucho.
Mientras millones de mexicanos cumplen puntualmente con sus obligaciones
—o enfrentan recargos, multas y embargos—, el empresario negoció. El mensaje
es incómodo, pero claro: sí se debe pagar impuestos, pero no todos pagan igual.
Algunos pagan tarde, otros a plazos, y otros jamás.
El acuerdo, aunque legal, deja una sensación agria. No porque se cobre, sino
porque se cobra sin contundencia. En un país donde la evasión fiscal de grandes
corporativos representa pérdidas multimillonarias, la señal importa tanto como
el resultado. Y la señal aquí es tibia.
Salinas Pliego pagará, sí. Pero en cuotas, con margen, sin prisas. Como quien
compra un electrodoméstico caro y decide diferirlo a meses sin intereses. La
diferencia es que aquí no se trata de una pantalla plana, sino de impuestos que
sostienen al Estado.
El SAT gana el cobro. La ciudadanía se queda con la duda: ¿justicia fiscal o
trato preferencial bien maquillado?

Shakira volvió a demostrar que no solo mueve caderas, también mueve cifras
históricas. La cantante colombiana rompió el Récord Mundial Guinness a la gira
latina más exitosa de todos los tiempos, superando nada menos que a Luis
Miguel, de acuerdo con datos revelados por Billboard. Sí, al Sol de México. Y no
por poquito.
La gira no solo llenó estadios: los reventó. Boletos agotados, filas virtuales
interminables y una maquinaria de producción perfectamente aceitada
colocaron a Shakira en un nivel que pocos artistas latinos han alcanzado.
Mientras algunos siguen discutiendo si el pop latino “ya pasó de moda”, ella
responde con números que no admiten debate.
El logro es doblemente simbólico. No solo rompe récords comerciales, también
rompe narrativas. En una industria que suele relegar a las mujeres a ciclos más
cortos de éxito, Shakira demuestra longevidad, reinvención y vigencia global.
Pasan los años, cambian las modas, y ella sigue llenando estadios como si el
tiempo jugara a su favor.
Superar a Luis Miguel no es menor. Durante décadas, él fue el parámetro del
éxito en giras latinas: ventas, boletaje, glamour y mitología. Pero los récords
existen para romperse, y Shakira lo hizo con una propuesta que mezcla
nostalgia, espectáculo tecnológico y conexión emocional con varias
generaciones.
El Guinness no llega solo. Llega acompañado de cifras millonarias, impacto
mediático global y una confirmación clara: la artista colombiana no vive de su
pasado, lo reinventa. Cada canción coreada, cada estadio lleno, cada noche
agotada suma a una carrera que ya no necesita validación, pero sigue
acumulándola.
Mientras algunos aún debaten rankings y gustos personales, Shakira sigue de
gira, rompiendo marcas y escribiendo historia. Porque hay artistas que pasan…
y otros que se quedan en los libros.

Mientras en la Tierra todo parece desordenado, el cielo dará una lección de
coordinación. De acuerdo con Star Walk, el próximo 28 de febrero seis planetas
se alinearán en el firmamento en un espectáculo astronómico poco común que
podrá observarse aproximadamente una hora después del ocaso. No es el fin del
mundo, pero sí una buena excusa para mirar hacia arriba.
Los planetas que protagonizarán este desfile cósmico son Júpiter, Urano,
Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio. Algunos serán visibles a simple vista, otros
requerirán binoculares o telescopio, y todos coincidirán en una misma franja del
cielo, formando una alineación que, aunque no perfecta en términos científicos,
resulta visualmente impactante.
Venus y Júpiter serán los más fáciles de identificar: brillantes, dominantes y
casi imposibles de ignorar. Mercurio aparecerá bajo en el horizonte, como si no
quisiera llamar demasiado la atención. Saturno se dejará ver con paciencia,
mientras que Urano y Neptuno exigirán ayuda óptica y un poco más de
entusiasmo astronómico. No todos los planetas quieren ser famosos.
Este tipo de alineaciones no tiene efectos místicos ni consecuencias
apocalípticas, aunque las redes sociales seguramente se encargarán de
anunciar portales energéticos, cambios de era y despertares espirituales
exprés. La realidad es menos dramática y más hermosa: se trata de un
fenómeno natural que permite dimensionar la escala del sistema solar y nuestra
pequeñez cotidiana.
La recomendación es simple: buscar un lugar con poca contaminación lumínica,
mirar hacia el oeste tras la puesta del Sol y tener paciencia. No es un evento de
segundos, sino un proceso gradual que recompensa a quien se detiene a
observar.
En tiempos de prisas, crisis y pantallas infinitas, que seis planetas se alineen
sin pedir atención es casi poético. El universo sigue su curso, elegante e
indiferente, recordándonos que no todo gira alrededor de nosotros… aunque a
veces parezca alinearse para sorprendernos.

Claudia Sheinbaum lanzó un llamado directo a Estados Unidos para evitar una
crisis humanitaria en Cuba, luego de la imposición de aranceles a países que
suministran petróleo a la isla. La presidenta electa —con tono diplomático pero
firme— cuestionó una estrategia que, más que presionar gobiernos, termina
castigando a poblaciones enteras. Porque cuando falta combustible, no se
detienen ideologías: se apagan hospitales, transportes y hogares.
Sheinbaum dejó claro que México no respalda medidas que profundicen el
sufrimiento social. Señaló que el endurecimiento del bloqueo energético solo
agrava las condiciones de vida de millones de cubanos que ya enfrentan
escasez, apagones y una crisis económica prolongada. En otras palabras, más
presión no equivale a más soluciones.
Además, adelantó que México buscará otras vías para apoyar a Cuba, dentro de
los márgenes legales y diplomáticos, reafirmando una postura histórica de
política exterior: no intervención, cooperación y rechazo a sanciones que
deriven en crisis humanitarias. Un mensaje que contrasta con la lógica punitiva
de Washington, donde los aranceles siguen siendo la herramienta favorita para
“corregir” gobiernos ajenos.
El posicionamiento también tiene lectura regional. En un contexto de tensiones
geopolíticas y discursos duros, Sheinbaum apuesta por un enfoque más
humano, aunque eso implique incomodar a su principal socio comercial. La
ironía es evidente: se habla de democracia mientras se aprietan medidas que
afectan directamente a la población civil.
Estados Unidos, por su parte, mantiene la narrativa de presión política como vía
de cambio. Pero la experiencia histórica es terca: décadas de sanciones no han
producido transiciones milagrosas, solo más precariedad. Y Cuba vuelve a ser el
ejemplo incómodo de una estrategia que insiste en repetirse.
Sheinbaum no prometió soluciones mágicas, pero sí algo poco común en la
política internacional: llamar a las cosas por su nombre. Cuando una medida

amenaza con generar una crisis humanitaria, no es política exterior, es
irresponsabilidad disfrazada de firmeza.

La actriz canadiense deja un legado de cinco décadas de carrera en cine y
televisión. Catherine O’Hara, recordada por interpretar a la mamá de Kevin
en Mi pobre angelito, murió este viernes a los 71 años.  Se desconocen las
causas de la muerte.
O’Hara saltó a la fama luego de ponerse en la piel de la madre de Macaulay
Culkin en las primeras dos películas de Mi pobre angelito, y también por su
papel de Moira Rose en los episodios de la serie de los 80 Schitt’s Creek, que la
consagró internacionalmente.
Además, su carrera incluye destacadas apariciones en películas como Best in
Show, A Mighty Wind, Beetlejuice y El regreso de Beetlejuice. Su trabajo más
reciente fue junto a Seth Rogen en la serie de Apple TV+ The Studio, por la que
recibió una nominación al Emmy.
Catherine O’Hara coronó su extensa y prestigiosa carrera con un logro histórico
gracias a Schitt’s Creek, la comedia que la tuvo como una de sus grandes
figuras y que marcó un antes y un después en la televisión. Su interpretación de
Moira Rose no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino que también fue
clave para que la serie hiciera historia en la noche de los premios Emmy de
2020.
En la ceremonia de 2020, Schitt’s Creek logró una hazaña inédita: se quedó
con todos los premios principales de la categoría comedia, incluyendo mejor
serie, dirección, guion y actuaciones. O’Hara fue una de las grandes
protagonistas de esa noche al ganar el Emmy por su trabajo como actriz,
consolidando a Moira Rose como uno de los personajes más icónicos de la TV
reciente.

Pedro Torres, uno de los productores más influyentes de Televisa, murió a los
72 años tras padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad
progresiva que, lejos de los reflectores, fue apagando poco a poco a quien
durante décadas supo encenderlos. Con su muerte, la televisión mexicana
pierde a uno de sus grandes operadores creativos, de esos que no siempre
daban la cara, pero movían las piezas.
Torres fue sinónimo de espectáculos de alto impacto. Especialista en eventos
masivos, transmisiones especiales y producciones que marcaban agenda, su
trabajo estuvo presente en momentos clave de la televisión abierta: desde
ceremonias y especiales de fin de año hasta coberturas que convertían
cualquier evento en “histórico”, aunque no siempre lo fuera. Porque ese era
parte de su talento: hacer grande lo que pasaba frente a la cámara.
Durante años, Pedro Torres entendió mejor que nadie el lenguaje del rating.
Supo leer al público, anticiparse a tendencias y construir formatos que
conectaban con millones de espectadores. Fue un productor polémico para
algunos, imprescindible para otros, pero imposible de ignorar. En un medio tan
feroz como la televisión, mantenerse vigente durante décadas ya es un logro.
Su enfermedad fue manejada con discreción. Mientras la ELA avanzaba, Torres
se fue alejando poco a poco de la vida pública, en contraste con una carrera
construida entre luces, música y aplausos. La ironía es dura: quien dio ritmo y
voz a la pantalla terminó enfrentando una enfermedad que limita el movimiento
y el habla.
La noticia de su muerte generó reacciones en el medio artístico, donde colegas
y figuras del espectáculo reconocieron su influencia y legado. Más allá de
gustos o críticas, Pedro Torres dejó una huella clara en la forma de hacer
televisión en México, particularmente en la era del gran espectáculo.

Se va un productor, pero queda un archivo inmenso de momentos televisivos
que, para bien o para mal, forman parte de la memoria colectiva. La pantalla
sigue encendida, pero hoy lo hace con un nombre menos detrás.

Miguel Díaz-Canel no se anduvo con rodeos. El presidente de Cuba calificó como
“fascista, criminal y genocida” la nueva medida arancelaria de Estados Unidos
contra el suministro de petróleo a la isla. No fue un exabrupto retórico, sino una
reacción directa a una política que, según el gobierno cubano, busca asfixiar a
la población bajo el disfraz de presión económica.
La medida estadounidense apunta a sancionar a los países que suministren
crudo a Cuba, cerrando aún más el cerco energético. En la práctica, esto
significa menos combustible para electricidad, transporte y servicios básicos.
Para La Habana, el mensaje es claro: no se trata de democracia ni de derechos
humanos, sino de castigo colectivo.
Díaz-Canel sostuvo que la decisión evidencia la “naturaleza fascista, criminal y
genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo
estadounidense con fines puramente personales”. El lenguaje es fuerte, pero el
contexto lo explica. Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas en
décadas, con apagones prolongados, escasez y migración masiva. Quitarle
petróleo no cambia al gobierno; complica la vida diaria.
Desde Washington, la narrativa insiste en que la presión económica es una
herramienta legítima para forzar cambios políticos. Sin embargo, la historia
demuestra que estas medidas rara vez producen transiciones democráticas. Lo
que sí producen es deterioro social y tensión diplomática.
La respuesta cubana también busca apoyo internacional. Al elevar el tono, La
Habana intenta colocar el debate en el terreno humanitario, no ideológico.
Porque cuando falta energía, la discusión deja de ser política y se vuelve
supervivencia.

Estados Unidos aprieta, Cuba resiste y el conflicto se repite con guion
conocido. Décadas después, el bloqueo sigue siendo protagonista, aunque sus
resultados sigan siendo los mismos.

A partir del 2 de febrero, las Fuerzas Armadas mexicanas estrenarán nuevos
mandos. No es un simple ajuste administrativo, sino una reconfiguración
estratégica en áreas clave de Defensa y Guardia Nacional, en un contexto
donde la seguridad sigue siendo uno de los mayores retos del país. Cambian los
nombres, pero la expectativa es la misma: que ahora sí funcione.
El general Enrique Covarrubias López concluirá su gestión como subsecretario
de la Defensa al cumplir 65 años, la edad límite establecida. En su lugar asumirá
el general de división Enrique Martínez López, actual Oficial Mayor de la
Defensa, un perfil con experiencia administrativa y operativa, clave para la
coordinación interna de la institución.
El movimiento no se queda ahí. La Oficialía Mayor será ocupada por el general
de división Hernán Cortés Hernández, quien hasta ahora se desempeñaba como
comandante de la Guardia Nacional. Su salida abre paso a otro relevo
importante: la Guardia Nacional quedará bajo el mando del general de división
Guillermo Briseño Lobera, uno de los arquitectos del desarrollo de esta
corporación desde su creación.
Briseño Lobera dejará la comandancia de la Tercera Región Militar, con sede en
Mazatlán, Sinaloa, un punto estratégico en materia de seguridad. Ese espacio
será ocupado por el general Héctor Ávila Alcocer, quien previamente encabezó
la VI Región Militar, que abarca Puebla y Veracruz. Un enroque que busca
mantener control territorial sin perder continuidad operativa.
La ceremonia para oficializar estos nombramientos se llevará a cabo el 3 de
febrero y será presidida por el general Ricardo Trevilla Trejo. Más allá del
protocolo, el mensaje es claro: se busca dar un nuevo impulso a la estrategia de
seguridad nacional.

La ironía es inevitable. Cada relevo viene acompañado de esperanza
institucional, aunque los desafíos persisten. Los cambios ya están hechos;
ahora toca ver si el nuevo tablero produce resultados distintos o solo mueve las
piezas.