Redacción Pachuca, Hgo., 27 de Febrero del 2026
En un acto digno de las mejores comedias burocráticas, las autoridades
anunciaron con bombo y platillo la inhabilitación de Jessica Blancas y tres
funcionarios más, como si con ello se resolviera el misterio de los 863 millones
de pesos que siguen atrapados en el limbo financiero del extinto banco
Accendo. Una medida ejemplar… siempre y cuando “ejemplar” signifique
simbólica, tardía y perfectamente inútil.
Porque sí, fueron inhabilitados. Pero no se les puede iniciar un procedimiento
penal. ¿La razón? Existe en curso un juicio de Ejecutivo Mercantil, y mientras
eso no concluya, cualquier intención de activar la justicia penal queda
elegantemente archivada en el cajón del “por ahora no, joven”. La justicia
mexicana demostrando, una vez más, su impresionante capacidad para moverse
sólo donde no estorba.
Las resoluciones administrativas señalan —dos veces, por si hacía falta— que la
contratación con Accendo causó un perjuicio de aproximadamente 863 millones
de pesos al erario. Una cifra que hoy permanece más congelada que un
personaje de ciencia ficción almacenado en una cápsula criogénica. Todo
gracias al maravilloso proceso de liquidación del banco, ese laberinto sin salida
donde los recursos públicos entran, pero rara vez regresan.
La Contraloría estatal, cumpliendo su papel institucional, recordó que la
inhabilitación no exime a los exfuncionarios de futuras responsabilidades
civiles o penales… claro, una vez que el proceso de liquidación concluya, lo cual
puede ocurrir mañana, en un año, o en la próxima reencarnación administrativa
del Estado. Por ahora, todo queda en pausa, como una telenovela que cambia de
horario tantas veces que el público ya no sabe si sigue al aire.
Mientras tanto, la justicia presume su músculo sancionador con la
inhabilitación. Una sanción que, en los hechos, es algo así como prohibirle
manejar a alguien que ya no tiene coche. Gran triunfo institucional.
Así, entre trámites que se estorban entre sí, procesos que avanzan al ritmo de
una procesión y recursos que nadie puede tocar, la ciudadanía vuelve a
presenciar el espectáculo favorito de la burocracia mexicana: castigos que no
castigan, juicios que no juzgan e inhabilitaciones que sólo sirven para adornar
boletines oficiales.
Porque aquí, la justicia llega… cuando ya no sirve de mucho. Y a veces, ni eso.