El costo de la violencia volvió a medirse en vidas. El secretario de Seguridad,
Omar García Harfuch, confirmó que 25 elementos de la Guardia Nacional fueron
asesinados tras el operativo en el que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera
Cervantes, alias “El Mencho”.
La cifra es contundente. Y duele.
Después del operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), se registraron ataques violentos en distintos puntos, presuntamente
como reacción del grupo criminal. Lo que comenzó como un golpe estratégico
terminó desatando una ola de agresiones que dejó pérdidas humanas entre las
fuerzas federales.
Veinticinco. No son solo números en un comunicado. Son familias, historias,
trayectorias de servicio público truncadas por la violencia.
El anuncio confirma que la caída de un líder criminal no significa el fin
inmediato de la amenaza. En muchos casos, marca el inicio de represalias,
reacomodos internos y demostraciones de fuerza por parte de estructuras que
buscan enviar un mensaje.
La Guardia Nacional ha sido una pieza central en la estrategia de seguridad del
gobierno federal. Y este episodio subraya el nivel de riesgo que enfrentan sus
elementos en operaciones de alto impacto.
El discurso oficial insiste en que se mantendrá la estrategia y que no habrá
retrocesos frente al crimen organizado. Pero la pregunta inevitable se instala en
la conversación pública: ¿cómo equilibrar golpes estratégicos con la protección
de quienes ejecutan las operaciones?
En seguridad, cada decisión tiene consecuencias. Algunas son tácticas. Otras,
profundamente humanas.
La muerte de 25 elementos no es solo una estadística dentro de un conflicto
prolongado. Es un recordatorio brutal del costo real que implica enfrentar a
organizaciones criminales de alto poder.
Hoy, más allá de la narrativa política, hay luto.
Y una exigencia silenciosa: que estas pérdidas no se conviertan en rutina.