Mes: febrero 2026

En política, los apellidos pesan. Y cuando coinciden en un contrato público
millonario, la palabra incómoda aparece sola: conflicto de interés.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió investigar la adjudicación de
un contrato por 11.9 millones de pesos otorgado por el gobierno de Hidalgo a la
empresa Agicresa S.A. de C.V., debido a que los socios de la firma son
hermanos del diputado federal morenista Ricardo Crespo Arroyo.
El contrato, por 11 millones 910 mil 606.60 pesos, fue destinado a la
construcción del bardeado perimetral del Instituto de Formación Profesional,
obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano
Sostenible del estado.
La ASF no acusó directamente al legislador, pero sí señaló que la asignación
“implicó un conflicto de interés” y solicitó que se investigue quiénes
intervinieron en la adjudicación, subrayando que no se advirtió la relación
consanguínea entre los socios beneficiados y el diputado.
La precisión es importante: no se habla aún de delito probado, sino de posibles
responsabilidades administrativas que deberán esclarecerse. Pero en el terreno
político, la percepción pesa tanto como la resolución jurídica.

El caso vuelve a encender un debate recurrente: ¿puede existir imparcialidad
cuando familiares directos de funcionarios públicos reciben contratos
gubernamentales, aunque no medie intervención formal comprobada?
En el discurso público, Morena ha sostenido una narrativa de combate a la
corrupción y eliminación de privilegios. Situaciones como esta, incluso bajo
investigación preliminar, colocan a sus representantes bajo un escrutinio más
severo.
Por ahora, corresponde a las instancias correspondientes determinar si hubo
irregularidades en el procedimiento de adjudicación o si se trató de un proceso
ajustado a derecho, pero políticamente desafortunado.
Lo que sí es claro es que los contratos públicos, cuando involucran lazos
familiares, rara vez pasan desapercibidos.
Porque en política, los vínculos de sangre no siempre son invisibles.

El Día de la Mujer de las Américas fue establecido en el año 1982 por la
Asamblea General de los Estados Americanos (OEA) para conmemorar la
creación de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM) en 1928.
El principal objetivo del Día de la Mujer de las Américas es el de estimular y
crear nuevas alternativas para el establecimiento de programas de acción
orientados a involucrar a las mujeres de manera plena.
En el año 1923, en la celebración de la V Conferencia Internacional Americana
por la Unión Panamericana, lo que hoy en día es la Organización de Estados
Americanos, se propuso abolir todo aquello que dificultaba y negaba el pleno
desarrollo de la mujer, así como las incapacidades constitucionales por
cuestión de sexo.
En el año 1982, se celebró la XXI Asamblea de Delegadas de la Comisión
Interamericana de Mujeres. En ella, se solicitó la creación de las Oficinas de la
Mujer en cada uno de los países latinoamericanos. En esta asamblea, además,
se creó el Día de la Mujer de las Américas.

*Se demostró que el estaño IV logra unirse a varias moléculas simultáneamente
Mineral de la Reforma, Hidalgo. – Jesús Viridiana García González, egresada del Doctorado en Química de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), obtuvo el primer lugar en el Concurso de Póster del XII Congreso Nacional y las
Segundas Jornadas Regionales de Cristalografía, organizados por la Sociedad Mexicana de Cristalografía (SMCr). Su
proyecto galardonado consistió en el desarrollo de moléculas de estaño IV sintetizadas para interactuar de forma
estable con otros compuestos.
Este logro se deriva de su tesis doctoral Síntesis de heterociclos organometálicos de estaño (IV) estructuralmente
diseñados para promover interacciones no covalentes, en la que demostró que este metal puede unirse a más de cuatro
átomos simultáneamente, mediante moléculas creadas en el laboratorio capaces de aumentar sus conexiones gracias a
fuerzas internas y externas, un comportamiento poco común en este elemento.
Para validar estos hallazgos, García González empleó la difracción de rayos X, una técnica avanzada que permite
observar con gran precisión la disposición de los átomos en tres dimensiones, así como medir la distancia entre sus
enlaces. El dominio de este método resulta valioso, ya que facilita el diseño de nuevas sustancias con potencial actividad
antimicrobiana y aplicaciones en áreas como la química supramolecular, orgánica, computacional y bioinorgánica.
La egresada resaltó que la Autónoma de Hidalgo le proporcionó todas las herramientas necesarias para competir a nivel
nacional e internacional y publicar en revistas científicas de alto impacto. Por este motivo, invitó a las nuevas
generaciones de químicas y químicos a trabajar con un objetivo claro, cultivar su curiosidad y mantenerse abiertos al
conocimiento multidisciplinario.
Finalmente, expresó su agradecimiento al docente del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI) e integrante del
Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) Nivel III, José Guadalupe Álvaro Rodríguez, por su dirección,
orientación y apoyo a lo largo de la realización de la tesis.

La estimada Ricarda González Malo disfrutó de una extraordinaria tarde rodeada
del cariño de sus hijos: María Eugenia, José Trinidad, José Justino, Sabás
Arturo, María del Carmen, Regina, Ezequiel, Miguel Ángel y Julio César Salinas
González, familiares y amigas, con motivo de la celebración de su cumpleaños
número 99.
Como muestra especial de cariño, los hijos y familiares de la festejada se
reunieron en su domicilio para estar presentes en el emotivo festejo, el pasado
7 de febrero, para acompañar a la festejada en tan significativo aniversario.
Un clima agradable, deliciosa comida y una excelente selección musical, la
festejada partió un rico pastel.
La apreciable dama Doña Ricarda González Malo, le expresaron el cariño que ha
cosechado a lo largo de su vida y los buenos deseos en su aniversario de vida.

La democracia cuesta. La pregunta es: ¿cuánto es demasiado? La presidenta
Claudia Sheinbaum anunció que enviará la próxima semana una iniciativa de
reforma para reducir el costo de las elecciones en México.
Sí, otra reforma electoral. Pero esta vez con un enfoque específico: el dinero.
La propuesta busca modificar diversos aspectos del sistema electoral con el
objetivo de hacer los procesos más austeros. Aunque aún no se detallan todos
los puntos finos, la narrativa central es clara: elecciones más eficientes y
menos onerosas para el erario.
México ha sido históricamente uno de los países que más recursos destina a la
organización electoral, incluyendo financiamiento público a partidos, operación
de órganos electorales y logística de votación. Para algunos, es una inversión
necesaria para garantizar transparencia y confianza. Para otros, es un gasto
excesivo que requiere ajustes urgentes.
La presidenta sostiene que es posible mantener la legalidad y la certeza sin que
el presupuesto se dispare cada ciclo electoral. La clave estará en cómo se
diseñen los cambios y qué instituciones se verán impactadas.
El tema no es menor. Cualquier modificación al modelo electoral genera debate
inmediato. Las reformas en esta materia suelen dividir opiniones y encender
alertas entre partidos políticos y organismos autónomos.

Reducir costos puede sonar atractivo en tiempos de austeridad, pero también
despierta preguntas inevitables: ¿qué se recorta?, ¿dónde se ajusta?, ¿se
compromete algo en el proceso?
La iniciativa será enviada al Congreso la próxima semana, y ahí comenzará la
verdadera batalla política: la de los votos legislativos.
Entre promesas de ahorro y temores de debilitamiento institucional, el debate
está servido.
Porque en política, abaratar nunca es solo cuestión de números. También es
cuestión de confianza.

La moda rápida corre… pero la regulación también. El gigante del comercio
electrónico Shein enfrenta una investigación de la Unión Europea por presuntas
irregularidades que van mucho más allá de una blusa a bajo precio.
Las autoridades europeas analizan la posible venta de productos ilegales en su
plataforma y prácticas relacionadas con diseño digital que podrían fomentar el
consumo compulsivo. Sí, no solo se trata de lo que se vende, sino de cómo se
vende.
El año pasado, en Francia, la plataforma ya había sido objeto de fuertes críticas
luego de que autoridades detectaran a la venta artículos prohibidos, incluyendo
armas ilegales —como armas de fuego, cuchillos y machetes—, así como
muñecas sexuales con apariencia infantil. Hallazgos que encendieron alarmas
regulatorias y sociales.
Ahora, la UE busca determinar si la empresa cumple con las normas de
protección al consumidor, seguridad de productos y regulación de plataformas
digitales. En particular, se examinan estrategias de diseño que podrían
incentivar compras impulsivas mediante notificaciones constantes, ofertas
temporales agresivas o mecanismos que generan sensación de urgencia.
Shein ha defendido su modelo de negocio y ha señalado que trabaja para
cumplir con regulaciones locales en los países donde opera. Sin embargo, la
magnitud de su operación global la coloca en el radar constante de autoridades.

La investigación podría derivar en sanciones económicas significativas o en
exigencias de cambios estructurales en su funcionamiento dentro del mercado
europeo.
Más allá de la polémica, el caso refleja una tendencia clara: las plataformas
digitales ya no solo compiten en precios, también enfrentan escrutinio sobre
ética comercial y seguridad.
Porque en la era del “añadir al carrito”, la pregunta ya no es solo cuánto cuesta
la prenda… sino cuánto cuesta ignorar las reglas.
Y en Europa, las reglas suelen aplicarse.

Cuando se habla de fuerzas extranjeras en territorio nacional, las cejas se
levantan solas. El Senado aprobó el ingreso de 12 integrantes del Comando
Norte de Estados Unidos para participar en una capacitación en México.
La autorización fue avalada por la Comisión de Defensa Nacional y contempla
que los elementos estadounidenses permanezcan del 27 de febrero al 15 de
julio en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales ubicado en el Estado
de México.
La misión, según lo aprobado, es exclusivamente de capacitación. Nada de
operativos, nada de despliegues conjuntos en campo abierto. Se trata de
intercambio técnico y entrenamiento especializado.
Aun así, el tema no pasa desapercibido. La presencia de militares extranjeros
en suelo mexicano siempre genera debate público, incluso cuando se trata de
ejercicios formales previamente autorizados por el Congreso.
El argumento oficial es claro: fortalecer capacidades, compartir experiencia y
mejorar coordinación ante escenarios complejos. En un contexto de
cooperación bilateral en materia de seguridad, estos intercambios no son
nuevos, pero cada autorización reaviva la discusión sobre soberanía y límites.
México y Estados Unidos mantienen una relación estrecha —y a veces tensa—
en temas de seguridad, combate al crimen organizado y capacitación militar.
Este tipo de ejercicios se enmarca en esa dinámica de colaboración
institucional.

La aprobación establece fechas precisas y condiciones delimitadas. Es decir,
no se trata de una presencia abierta o indefinida, sino de una estancia temporal
con fines específicos.
En política, el fondo importa. Pero la forma también. Y cuando se trata de
fuerzas armadas extranjeras, la narrativa suele pesar tanto como el
entrenamiento mismo.
Por ahora, el ingreso está autorizado y calendarizado. El debate, como siempre,
seguirá abierto.
Porque en materia de seguridad y soberanía, cada paso se observa con lupa.

El agua no olvida. Y la política tampoco. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó
un mensaje directo a Grupo México: es momento de liquidar el adeudo
pendiente por el histórico derrame en el río Sonora.
El desastre ambiental, considerado uno de los más graves en la historia minera
del país, dejó afectaciones en comunidades, ecosistemas y en la confianza
pública. Aunque han pasado años desde el incidente, las cuentas —según el
gobierno— no están completamente saldadas.
Sheinbaum fue clara: la empresa debe cumplir con sus obligaciones y garantizar
que las reparaciones pendientes se concreten. No se trata solo de cifras en un
expediente, sino de impactos reales en poblaciones que aún arrastran
consecuencias.
El derrame liberó miles de metros cúbicos de sustancias tóxicas en ríos que
abastecen a comunidades del estado de Sonora. Hubo afectaciones
económicas, daños a la salud y un golpe profundo a la actividad agrícola y
ganadera de la región.
Grupo México, por su parte, ha sostenido en distintas ocasiones que ha
cumplido con medidas de remediación y compensación. Sin embargo, la presión
política vuelve a colocar el tema en el centro de la conversación nacional.
La exigencia presidencial no es menor. Marca un tono firme frente a grandes
corporativos y envía una señal sobre responsabilidad ambiental. Porque si algo
dejó claro el derrame es que las consecuencias ecológicas no se evaporan con
el tiempo.
Más allá del debate legal, la discusión toca una fibra sensible: ¿puede una
empresa compensar realmente un daño ambiental de esta magnitud? ¿Y quién
determina cuándo la deuda moral y económica está pagada?

El mensaje es contundente: el expediente no está cerrado.
Entre balances financieros y ríos contaminados, la historia del río Sonora vuelve
a fluir… esta vez, en el terreno político.

Estados Unidos despide a una de esas figuras que no pedían permiso para
incomodar. Jesse Jackson, ícono de los derechos civiles, murió a los 84 años,
dejando atrás una vida marcada por la protesta, la política y una persistente
costumbre de decir lo que muchos preferían no escuchar.
Discípulo político de Martin Luther King Jr., Jackson no fue un actor secundario
del movimiento: fue protagonista. Fundador de la organización Rainbow/PUSH
Coalition, candidato presidencial en 1984 y 1988 —sí, cuando eso todavía
parecía imposible para un afroamericano—, y activista incansable en temas de
justicia racial, pobreza y derechos humanos.
Jackson no solo marchó; negoció liberaciones de rehenes en el extranjero,
presionó a corporaciones para contratar minorías y convirtió la palabra
“igualdad” en algo más que un eslogan electoral. Fue polémico, sí. Fue
criticado, también. Pero fue, ante todo, persistente.
Durante décadas, su figura simbolizó una América que no estaba dispuesta a
conformarse con promesas vacías. Su voz resonó en iglesias, universidades,
mítines políticos y en cualquier espacio donde la desigualdad se intentara
maquillar con discursos diplomáticos.
En los últimos años su salud se deterioró, especialmente tras ser diagnosticado
con Parkinson en 2017. Aun así, su legado ya estaba escrito: ayudó a abrir
puertas que otros después cruzarían. Su influencia fue parte del camino que,
años más tarde, permitiría que un hombre afroamericano llegara a la Casa
Blanca.

Con su muerte, no solo se despide un activista; se va un recordatorio incómodo
de que los derechos no se conceden, se exigen. Y de que la historia no avanza
sola: alguien tiene que empujarla.
Hoy Estados Unidos pierde una voz crítica. Y el mundo pierde a uno de esos
personajes que entendían que el silencio, muchas veces, es complicidad.

En política internacional, a veces la diplomacia suena elegante… pero significa
simplemente “no, gracias”. Y eso fue exactamente lo que hizo México al
anunciar que no formará parte de la junta de paz promovida por el expresidente
estadounidense Donald Trump.
La propuesta, impulsada desde el entorno del exmandatario republicano,
buscaba integrar a distintos países en un organismo orientado —según sus
promotores— a mediar conflictos y reforzar estrategias de estabilidad global.
Sin embargo, el gobierno mexicano decidió marcar distancia.
La postura oficial fue clara: la política exterior de México se rige por principios
constitucionales como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y
la solución pacífica de controversias. Traducido al lenguaje cotidiano: México
prefiere no subirse a proyectos que puedan interpretarse como alineamientos
políticos o estratégicos con una sola visión internacional.
La decisión no es menor. En un contexto global donde los conflictos
geopolíticos están al rojo vivo y las alianzas pesan más que nunca, cualquier
movimiento diplomático envía señales. Y México optó por enviar una de
autonomía.
Para algunos analistas, la invitación formaba parte de una estrategia política
más amplia vinculada al posicionamiento internacional de Trump. Para otros,
era una oportunidad de cooperación que México dejó pasar. Como casi todo en
política, depende del lente con que se mire.
Lo cierto es que la negativa reafirma una línea histórica de la diplomacia
mexicana: participar en foros multilaterales amplios —como la ONU—, pero
evitar estructuras que puedan interpretarse como bloques políticos
personalizados.

En tiempos donde las tensiones internacionales escalan con facilidad, México
eligió cautela. Ni confrontación abierta, ni aplauso automático.
Porque en geopolítica, a veces el mensaje más fuerte es el que se dice con
diplomacia… y firmeza.

Cuando la justicia cruza fronteras, la diplomacia se pone seria. El gobierno de
México solicitó formalmente a Estados Unidos la captura y extradición de
Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien
actualmente se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por
autoridades mexicanas.
La petición se da en el marco de investigaciones abiertas en México que
incluyen acusaciones por presuntos delitos de delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde que dejó el cargo, el
exmandatario ha enfrentado diversos procesos judiciales y órdenes de
aprehensión.
Para el gobierno mexicano, la solicitud es un paso clave para que el
exfuncionario responda ante la justicia. Para la defensa del exgobernador, en
cambio, se trata de una persecución política. Y así, el caso vuelve a colocarse
en el centro del debate público.
El proceso de extradición no es automático ni inmediato. Depende de
procedimientos legales en territorio estadounidense, revisión de pruebas,
tratados bilaterales y, por supuesto, tiempos judiciales que suelen ser todo
menos rápidos. En pocas palabras: esto apenas comienza.
Cabeza de Vaca ha negado en distintas ocasiones las acusaciones y ha
sostenido que su situación responde a disputas políticas. Mientras tanto, las
autoridades mexicanas insisten en que existen elementos suficientes para
proceder penalmente.

El caso también tiene un componente político inevitable: fue uno de los
gobernadores de oposición más visibles durante su mandato y su figura ha
estado rodeada de controversias públicas.
La solicitud de captura y extradición reaviva la discusión sobre rendición de
cuentas de altos funcionarios y la capacidad del Estado para llevar procesos
más allá de sus fronteras.
Ahora la pelota está del lado estadounidense. Y en temas de justicia
internacional, los tiempos suelen ser largos, los expedientes voluminosos y las
decisiones delicadas.
Lo único claro es que el nombre de Cabeza de Vaca vuelve a ocupar titulares… y
esta vez, con alcance binacional.

En la política mexicana hay renuncias discretas, destituciones formales… y
luego está el capítulo “transmisión en vivo desde la oficina”. Marx Arriaga suma
ya tres días atrincherado en su espacio dentro de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), desde donde ha decidido defender su versión de los hechos con
lo que mejor conoce: el discurso público.
A través de transmisiones en vivo en Facebook, el funcionario ha hablado sobre
su destitución y ha cuestionado el estado actual de la SEP. Lejos de un
comunicado institucional frío y calculador, Arriaga optó por el formato más
directo y emocional: cámara frontal, conexión digital y narrativa sin filtro.
Según sus declaraciones, su salida no solo sería un movimiento administrativo,
sino parte de una disputa más profunda sobre el rumbo educativo del país. En
sus mensajes ha señalado tensiones internas, desacuerdos ideológicos y
presiones políticas.
Mientras tanto, la SEP mantiene su postura oficial sin entrar en confrontaciones
públicas detalladas. La dependencia ha manejado el tema dentro de los canales
institucionales, evitando alimentar la polémica en redes.
El gesto de permanecer en la oficina —literalmente— añade un componente
simbólico al conflicto. No es solo una discusión burocrática; es una escena
política transmitida en tiempo real.
Además, Arriaga anunció la convocatoria a una asamblea para discutir lo que
considera irregularidades y para definir los siguientes pasos. Esto podría
escalar el episodio de una disputa administrativa a un conflicto político más
amplio.
En la era digital, los desacuerdos ya no se negocian solo en oficinas cerradas.
Se transmiten, se comentan y se viralizan.
Y mientras la SEP intenta mantener la compostura institucional, Arriaga
convierte su oficina en foro, tribuna y escenario.

La pregunta ahora no es solo quién tiene la razón, sino qué impacto tendrá este
episodio en la narrativa educativa del país. Porque en tiempos de redes
sociales, hasta una destitución puede convertirse en espectáculo político.

Cuando las potencias viajan a Suiza, el mundo levanta la ceja. En Ginebra
comenzó un nuevo encuentro entre representantes de Ucrania, Estados Unidos
y Rusia para intentar negociar un acuerdo de paz.
Sí, otra ronda más. Pero en diplomacia, insistir no es necedad: es estrategia.
El inicio de esta nueva serie de negociaciones multilaterales fue confirmado por
representantes oficiales. Sobre la mesa hay temas delicados: seguridad
regional, garantías internacionales y asuntos humanitarios que siguen
afectando a miles de personas en medio del conflicto.
Funcionarios estadounidenses participan como mediadores clave en un
escenario que, aunque suizo y neutral, está cargado de tensión geopolítica. La
ciudad de Ginebra no es casualidad: históricamente ha sido punto de encuentro
para diálogos difíciles, de esos donde nadie sonríe demasiado, pero todos
necesitan salir con algo.
El reto es monumental. Las posiciones han sido firmes durante meses y las
diferencias profundas. Sin embargo, el simple hecho de sentarse a dialogar
envía una señal relevante: la vía diplomática sigue abierta.
Las negociaciones no prometen resultados inmediatos. De hecho, nadie espera
un anuncio espectacular de la noche a la mañana. Pero cada reunión puede
representar pequeños avances en intercambios humanitarios, corredores
seguros o mecanismos de desescalamiento.

En conflictos de alta intensidad, la paz no suele firmarse en una sola sesión. Se
construye a base de borradores, pausas estratégicas y concesiones incómodas.
Ginebra vuelve a convertirse en escenario de un intento por frenar una guerra
que ha reconfigurado la seguridad internacional. La pregunta que flota en el
ambiente es inevitable: ¿será este el inicio de algo concreto o solo otro capítulo
en una larga negociación?
Por ahora, el mundo observa. Y espera.

Lo que empezó como nostalgia televisiva terminó convertido en fenómeno viral.
Eugenio Derbez reaccionó públicamente a una versión “para adultos” inspirada
en La Familia P. Luche, y su respuesta no tardó en incendiar redes sociales.
El creador y protagonista de la icónica comedia mexicana —esa donde todo era
peluche, colores chillantes y humor incómodamente real— se encontró con una
reinterpretación del concepto original que circuló en plataformas digitales. El
tono subido de la versión alternativa contrastó con el humor familiar que
caracterizó a la serie transmitida entre 2002 y 2012.
Lejos de guardar silencio, Derbez reaccionó con el estilo que lo ha mantenido
vigente por décadas: ironía, sorpresa y un comentario que dejó claro que el
fenómeno ya se le salió de las manos… o al menos de su guion original.
Su respuesta rápidamente acumuló miles de reacciones, comentarios y
compartidos. Porque si algo sabe hacer internet es mezclar nostalgia con
irreverencia y convertirlo en tendencia.
“La Familia P. Luche” marcó a toda una generación con personajes como
Ludovico, Federica y Bibi. El humor absurdo y las situaciones exageradas
convirtieron la serie en referencia obligada de la comedia mexicana. Que hoy
resurja en una versión no oficial y más subida de tono habla tanto del impacto
cultural del programa como de la creatividad —sin filtros— de la era digital.

El episodio también reabre una conversación interesante: ¿hasta dónde llega la
reinterpretación en tiempos de redes sociales? ¿Todo homenaje es válido si se
vuelve viral?
Mientras tanto, Derbez demostró que entiende perfectamente el juego digital:
reaccionar, subirse a la ola y dejar que el algoritmo haga lo suyo.
Porque si algo enseñó la familia más disfuncional del peluche es que el caos
vende. Y en internet… todavía más.

El caso no se enfría. La investigación por el homicidio de Carlos Manzo suma
nuevos nombres a la lista de detenidos. La Fiscalía de Michoacán informó la
captura de otros tres presuntos implicados, en lo que parece ser un intento por
cerrar el círculo alrededor del crimen.
Las autoridades detallaron que las detenciones se realizaron tras trabajos de
inteligencia y seguimiento, aunque no se han revelado todos los pormenores
para no afectar el proceso judicial. Con estas aprehensiones, el número de
personas vinculadas al caso aumenta, enviando un mensaje claro: la
investigación sigue activa.
El homicidio de Carlos Manzo generó fuerte impacto en la entidad, no solo por la
violencia del hecho, sino por el contexto en el que ocurrió. La presión pública y
mediática obligó a acelerar resultados, y la Fiscalía ha insistido en que no habrá
impunidad.
Como suele ocurrir en estos casos, cada nueva detención abre dos escenarios:
por un lado, la expectativa de justicia; por otro, la necesidad de que las pruebas
sean sólidas para sostener las acusaciones ante un juez.
La Fiscalía de Michoacán aseguró que continuará con las indagatorias para
determinar si existen más personas involucradas. La línea de investigación
contempla tanto la autoría material como posibles responsables intelectuales.
En un estado donde la violencia ha sido un desafío constante, cada avance
judicial se convierte también en una prueba institucional. Resolver el caso no
solo implica castigar a los responsables, sino reforzar la confianza en el sistema
de justicia.

Por ahora, el expediente crece y el proceso entra en una nueva etapa. Las
detenciones son un paso, pero el juicio será la verdadera prueba.
Porque en materia de homicidios, la noticia no es solo quién cae… sino si el
caso realmente se sostiene hasta sentencia.

El susto fue real, aunque la amenaza no lo fuera. Cerca de 500 alumnos fueron
desalojados de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa, tras
una amenaza de bomba que activó protocolos de seguridad y obligó a evacuar la
Torre III del plantel.
La alerta movilizó a autoridades universitarias y cuerpos de seguridad, quienes
realizaron una revisión exhaustiva del inmueble. Durante varias horas,
estudiantes y personal académico permanecieron fuera de las instalaciones
mientras se inspeccionaban aulas, oficinas y áreas comunes.
La escena fue la que nadie quiere vivir en un campus: mochilas abandonadas,
clases interrumpidas y rumores que corren más rápido que los comunicados
oficiales.
Tras la revisión correspondiente, las autoridades descartaron la presencia de
artefactos explosivos y confirmaron que no existía riesgo real. Las actividades
fueron reanudadas posteriormente.
Aunque el incidente no pasó a mayores, el impacto emocional no es menor. En
un contexto donde la violencia y las amenazas generan preocupación
constante, cualquier alerta activa memorias colectivas y eleva la tensión.
La universidad reiteró que actuó conforme a los protocolos establecidos y que
la seguridad de la comunidad es prioridad. También recordó la importancia de
no difundir información no verificada, ya que esto puede generar pánico
innecesario.

Las amenazas falsas no solo interrumpen la vida académica; también movilizan
recursos de seguridad y afectan la tranquilidad de estudiantes y docentes.
Al final del día, no hubo explosivos. Pero sí hubo miedo, incertidumbre y una
jornada académica alterada.
En tiempos donde un mensaje puede detonar caos en segundos, la prevención y
la información responsable se vuelven esenciales.
Porque a veces, el daño no está en lo que explota… sino en lo que paraliza.

La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH), con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército
Mexicano, aseguró un inmueble en el municipio de Tepetitlán donde fue
localizado un túnel utilizado presuntamente para la extracción ilegal de
hidrocarburo.

El operativo se llevó a cabo la mañana de este día en la localidad de Sayula,
donde autoridades ministeriales ejecutaron una orden de cateo previamente
autorizada.
Durante la inspección del predio, los agentes detectaron infraestructura que
simulaba la entrada a una fosa séptica. Sin embargo, al revisar el área,
descubrieron un túnel de aproximadamente 22 metros de longitud y 1.70 metros
de altura. En su interior se encontraron dos tomas clandestinas conectadas
directamente a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), utilizadas para la
sustracción ilegal de combustible.
Además, en el sitio fue localizado narcótico, cuyo tipo y cantidad no fueron
detallados por las autoridades.
El inmueble quedó asegurado y fue puesto a disposición del Ministerio Público,
que continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar
responsabilidades.

Cuatro siglos no se cumplen todos los días. Y menos cuando se trata de uno de
los templos más emblemáticos del mundo. La Basílica de San Pedro celebrará el
próximo 18 de noviembre los 400 años de su consagración. Pero no será una
fiesta cualquiera: será espiritual… y tecnológica.
Basílica de San Pedro se prepara para conmemorar su consagración con una
serie de actividades que van desde encuentros semanales de oración y canto
polifónico, hasta congresos académicos y reflexiones sobre la figura del apóstol
Pedro. También se organizará el recorrido “Quo Vadis”, una ruta por Roma que
sigue las huellas monumentales de los primeros testimonios apostólicos.
Hasta ahí, tradición pura.
Pero el Vaticano decidió que si algo ha resistido 400 años, merece monitoreo de
última generación. Como parte de la celebración, se implementará un proyecto
tecnológico que convertirá al templo en uno de los edificios más vigilados del
planeta. Sensores de alta precisión controlarán variables estructurales,
humedad, vibraciones y hasta microcambios que podrían afectar su estabilidad.
En términos simples: la Basílica estará tan monitoreada que, metafóricamente,
le medirán “hasta la respiración”.
La intención no es paranoia divina, sino conservación preventiva. Se trata de
proteger una obra arquitectónica que ha sido testigo de cónclaves,
coronaciones papales, canonizaciones y millones de visitantes cada año. La
tecnología permitirá detectar a tiempo cualquier deterioro en su estructura,
evitando daños mayores.

El punto culminante será una misa solemne el 18 de noviembre, presidida por el
papa León XIV, que marcará oficialmente el aniversario.
Entre incienso y sensores inteligentes, la Basílica de San Pedro entra a su
quinto siglo combinando fe y fibra óptica. Porque si algo queda claro, es que la
tradición puede convivir con la tecnología… incluso en el corazón del Vaticano.
Cuatrocientos años después, la historia continúa. Ahora con WiFi celestial.

Cuando la auditoría habla, más de uno revisa cajones. La Auditoría Superior de
la Federación (ASF) detectó irregularidades por aclarar por al menos 78.6
millones de pesos en autoridades electorales federales durante la revisión de la
Cuenta Pública 2024.
Las observaciones involucran al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos de las instituciones
clave en el engranaje democrático del país.
Importante matiz: “irregularidades por aclarar” no significa automáticamente
desvío o delito. Significa que hay recursos cuyo uso requiere explicación,
documentación adicional o solventación administrativa. Pero en temas
electorales, cualquier cifra genera ruido político inmediato.
La ASF realiza revisiones técnicas sobre el ejercicio del gasto público. Si
encuentra inconsistencias —como pagos sin comprobación suficiente, procesos
administrativos deficientes o diferencias contables— emite observaciones que
las instituciones deben responder dentro de plazos establecidos.
En este caso, los 78.6 millones representan montos que aún deben aclararse
formalmente. El INE y el TEPJF tendrán oportunidad de presentar
documentación y argumentos para solventar las observaciones.
Sin embargo, el contexto importa. El sistema electoral mexicano ha estado en
el centro del debate político en los últimos años, especialmente en torno a su
presupuesto y autonomía. Por eso, cualquier señalamiento financiero se
convierte rápidamente en munición discursiva.
¿Es un problema estructural o ajustes administrativos pendientes? Esa es la
discusión que apenas comienza.

La fiscalización es parte esencial de cualquier democracia funcional. Pero
también es terreno fértil para interpretaciones políticas.
Por ahora, la cifra está sobre la mesa. Y en temas de dinero público, la
transparencia no es opcional.
Porque cuando se trata de elecciones, no solo se cuentan votos. También se
cuentan pesos.

Cuando los tribunales se llenan de demandas, las empresas suelen hacer
cuentas. Y esta vez, la cuenta es millonaria. Bayer anunció un nuevo acuerdo
multimillonario para zanjar litigios relacionados con su polémico herbicida
Roundup.
El producto, cuyo ingrediente activo es el glifosato, ha sido objeto de miles de
demandas en Estados Unidos. Los demandantes sostienen que la exposición
prolongada al herbicida provocó casos de cáncer, particularmente linfoma no
Hodgkin. La empresa, por su parte, ha mantenido que el producto es seguro
cuando se usa conforme a las indicaciones.
Desde que Bayer adquirió Monsanto en 2018 —empresa que originalmente
desarrolló el Roundup—, heredó también una tormenta legal que no ha dejado de
crecer. Lo que parecía una compra estratégica se convirtió en una batalla
judicial de alto costo.
Con este nuevo pacto, la compañía busca reducir la incertidumbre financiera y
cerrar capítulos legales que han afectado su valor en bolsa y su reputación
global. No es el primer acuerdo, pero sí uno más en una larga lista de intentos
por contener la sangría judicial.
El mensaje corporativo es claro: estabilidad y previsibilidad. El mensaje público,
en cambio, sigue dividido. Mientras algunos ven el acuerdo como un
reconocimiento implícito de riesgos, otros lo interpretan simplemente como una
estrategia pragmática para evitar juicios prolongados.

Roundup continúa siendo uno de los herbicidas más utilizados en el mundo, y el
debate científico y regulatorio sobre el glifosato permanece abierto en distintos
países.
Lo cierto es que, más allá de la discusión técnica, el costo económico ya es una
realidad tangible. Bayer apuesta a que pagar ahora sea más barato que seguir
litigando por años.
En el mundo corporativo, a veces la paz también tiene precio. Y este,
claramente, no es pequeño.