La presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante: es falso que los cárteles
gobiernen México. La declaración busca frenar una narrativa que ha ganado
terreno dentro y fuera del país, especialmente en momentos donde la violencia
y el control territorial del crimen organizado vuelven a ocupar la agenda
internacional.
Sheinbaum sostuvo que el Estado mexicano mantiene el control y que no existe
un gobierno paralelo impuesto por los grupos criminales. Un mensaje dirigido
tanto a la ciudadanía como a actores externos que insisten en pintar al país
como un territorio dominado por el narco. El problema no es la intención del
mensaje, sino el contraste con la realidad cotidiana de muchas regiones.
Negar que los cárteles gobiernen no elimina el hecho de que, en amplias zonas
del país, imponen reglas, cobran cuotas, deciden horarios y condicionan la vida
diaria. No es un gobierno formal, pero sí un poder real. Y ese matiz es el que
suele perderse en los discursos oficiales.
La presidenta defendió la estrategia de seguridad y subrayó que el combate al
crimen continúa. Sin embargo, casos como alcaldes detenidos por nexos
criminales, comunidades desplazadas y carreteras controladas por grupos
armados complican la narrativa de control total del Estado.
El mensaje de Sheinbaum busca proteger la imagen del país y evitar
estigmatizaciones internacionales. Pero también deja una pregunta incómoda:
¿hasta dónde negar ayuda a resolver el problema?
La línea entre no exagerar y no reconocer es delgada. Y mientras se debate el
discurso, millones de ciudadanos siguen viviendo en territorios donde la
autoridad legítima compite, todos los días, con la del miedo.
