La violencia política no solo deja discursos de condena; deja cuerpos heridos y
hospitales vigilados. El diputado Sergio Torres Félix continúa en terapia
intensiva, mientras que Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputada local de
Movimiento Ciudadano, ya fue dada de alta tras resultar lesionada en el
atentado armado que sacudió recientemente a Sinaloa.
El contraste es inevitable. Por un lado, la mejoría de Montoya Ojeda ofrece un
respiro dentro de un episodio marcado por la incertidumbre. Por el otro, el
estado crítico de Torres Félix recuerda que la gravedad del ataque sigue
latente, más allá de comunicados oficiales.
El atentado no distinguió cargos ni trayectorias. Fue directo, violento y con un
mensaje que va más allá de las personas afectadas: la política sigue siendo un
terreno vulnerable en regiones donde el crimen organizado impone su propia
lógica. Y esa es la herida que no sana rápido.
Autoridades médicas han señalado que Torres Félix permanece bajo
observación constante, con pronóstico reservado. Cada actualización se sigue
con atención, no solo por su estado de salud, sino por lo que simboliza: un
legislador herido por ejercer su función en un contexto hostil.
En el caso de Montoya Ojeda, el alta médica no significa cierre. Vendrán
procesos de recuperación, medidas de protección y, probablemente, silencios
obligados. Porque sobrevivir a un atentado también deja secuelas invisibles.
Mientras tanto, la clase política vuelve a exigir garantías de seguridad,
investigaciones a fondo y castigo a los responsables. El problema es que estas
exigencias ya se han escuchado antes. Demasiadas veces.
La pregunta incómoda persiste: ¿cuántos atentados más se necesitan para que
la violencia política deje de ser “nota” y se convierta en prioridad real? Hoy, un
diputado sigue luchando por su vida, y eso debería bastar para sacudir
conciencias.