Por: María del Carmen Estrada Vázquez
Los últimos días, he tenido la fortuna de coincidir y dialogar con grandes
personas, mentes de profunda sensibilidad que tienen mucho que aportar a
nuestro Derecho mexicano. A través de sus reflexiones, recorrimos una agenda
tan diversa como compleja: desde el diseño de las políticas públicas y los
derechos de quienes buscan preservar sus espacios de expresión artística,
hasta los desafíos de seguridad que enfrenta el país.
Pusimos sobre la mesa las realidades de nuestros pueblos indígenas, las
asignaturas pendientes en materia de equidad, las vivencias de quienes
coexisten con diferentes tipos de discapacidades y la necesidad de una mayor
empatía hacia los derechos migratorios de niñas, niños y adultos mayores.
A primera vista, podrían parecer agendas aisladas; sin embargo, al analizarlas
con detenimiento y conjuntar cada problemática, descubrí con profunda
sorpresa que todas convergen de manera exacta en el mismo origen. El punto
débil de nuestra realidad jurídica y social no radica propiamente en la
estructura técnica de las leyes, sino en una tendencia cultural hacia la
competencia y la autoafirmación que hemos venido desarrollando
colectivamente. A veces, nos encontramos inmersos en una dinámica volcada a
buscar cualquier medio de defensa o recoveco legal para justificar nuestra
postura frente al otro, postergando el reconocimiento de su existencia, su
dignidad y sus diversas ideologías.
En uno de estos foros recientes, compartía una reflexión sobre esta postura,
buscando comprender el motivo subyacente de esta distancia social, y la
respuesta que obtuve fue tan clara como contundente: "la falta de ética". Al
conjuntar los diversos temas a los que me he referido, mi mayor reflexión fue
esa: nos hace falta fortalecer la ética como eje común.
(Nota para el editor: Se sugiere insertar el siguiente texto como un recuadro o
balazo destacado en la maquetación)
"Al conjuntar los diversos temas a los que me he referido, mi mayor reflexión
fue esa: nos hace falta fortalecer la ética como eje común. Cuando la dimensión
ética se debilita, la desigualdad se normaliza".
Esta reflexión nos invita a mirar hacia adentro. De poco sirven las leyes de
vanguardia, la creación de instituciones especializadas o la implementación de
programas sociales si en el día a día seguimos replicando inercias basadas en
la exclusión o la indiferencia. Cuando la dimensión ética se debilita, la
desigualdad se normaliza y se disfraza de rutina.
Lo observamos con claridad en la atención hacia la diversidad funcional; la
sociedad suele aproximarse a las personas bajo una óptica meramente
asistencialista, sin percatarse de que la verdadera tarea está en adaptar los
entornos físicos, institucionales y culturales que construimos bajo una premisa
de uniformidad, la cual a veces impide valorar lo que cada ser humano tiene que
aportar. Un ejemplo de ello es claramente la discapacidad motriz, visual,
auditiva, intelectual o psicosocial, donde la barrera principal no radica en la
condición de la persona, sino en el diseño de un entorno que no anticipa ni
abraza la pluralidad de capacidades.
El desbordamiento que hoy experimentan las instituciones encargadas de
salvaguardar los derechos no se debe únicamente a las complejidades en el
diseño de las políticas públicas. Ocurre, en gran medida, porque pretendemos
que los órganos del Estado resuelvan en los tribunales lo que nosotros, por
premura o desatención de nuestros valores comunes, no logramos armonizar en
el espacio público.
Si como sociedad comprendiéramos que el camino no es el conflicto ni la
descalificación del prójimo, sino el respeto constructivo a la diversidad de
idiosincrasias, lograríamos superar este ciclo de confrontación. La verdadera
transformación del Derecho mexicano requiere una evolución compartida: la ley
nos brinda la estructura formal, pero la ética y la conciencia social son las
únicas fuerzas capaces de infundirle vida y sentido de justicia a nuestra
comunidad.
Es momento de reconocernos mutuamente y comenzar a construir desde la
comprensión.
