En Hidalgo, las cifras oficiales presumen control, pero la realidad insiste en
desmentirlo. Mientras los informes hablan de una reducción general de la
incidencia delictiva, los homicidios dolosos repuntan, recordando que la
violencia no entiende de porcentajes ni de comunicados optimistas. En 2025, el
estado vivió un aumento claro de ejecuciones, principalmente ligadas a
disputas entre grupos criminales dedicados al huachicol y al narcomenudeo.
Municipios como Tula de Allende, Tulancingo, Cuautepec, Ixmiquilpan, Tizayuca
y Pachuca se han convertido en escenarios recurrentes de ejecuciones con
arma de fuego y ataques armados, incluso contra policías. No es una
percepción: es una tendencia que las propias cifras confirman.
En noviembre de 2025, los homicidios dolosos pasaron de 30 casos en octubre a
43, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP). Es decir, mientras otros delitos bajaron, los asesinatos
subieron. Una contradicción incómoda que suele maquillarse con el argumento
de que Hidalgo sigue “por debajo de la media nacional”.
El discurso oficial se aferra a ese consuelo estadístico: Hidalgo ocupa el lugar
20 a nivel nacional en homicidios dolosos, con alrededor del 1.2 por ciento del
total. Pero para las familias de las víctimas, ese lugar no significa nada. Un

homicidio más nunca es una buena noticia, aunque el promedio diga lo
contrario.
En el acumulado de enero a octubre de 2025 se registraron 243 homicidios
dolosos, y hasta octubre la cifra ascendía a 461 víctimas, de las cuales 264
fueron asesinadas con arma de fuego. El mensaje es claro: la violencia es cada
vez más letal y más visible.
Paradójicamente, noviembre cerró con una reducción del 11 por ciento en la
incidencia delictiva general, al pasar de cinco mil 242 a cuatro mil 681 carpetas
de investigación. Pero esa baja no se tradujo en mayor seguridad, porque los
delitos que sí aumentaron fueron precisamente los que más impactan a la
población: homicidios, robo con violencia, extorsión, fraude y narcomenudeo.
Mientras tanto, las autoridades destacan disminuciones en violencia familiar,
lesiones y algunos delitos sexuales, como si eso compensara el hecho de que
matar en Hidalgo se ha vuelto más frecuente.
El problema no es solo criminal, es institucional. La atención al ciudadano es
mínima, la prevención es reactiva y el mensaje oficial parece más preocupado
por acomodar cifras que por reconocer el fondo del problema. En Hidalgo, las
estadísticas bajan, pero los muertos suben. Y esa ecuación, por más que se
intente explicar, no cuadra en la vida real.

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