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En el ámbito latinoamericano, países como Argentina, Brasil, Colombia o Perú han sido víctimas de jueces y magistrados que participan en golpes de Estado jurídicos, en la persecución de políticos honestos y en la criminalización de proyectos nacionales emancipadores y demuestran así que, como en México, se encuentran al servicio de las minorías privilegiadas que han saqueado a la región durante décadas.

La ministra Norma Piña en más de una ocasión ha dado a conocer su preocupación de perder la supuesta independencia de la suprema corte, esto porque cada vez existe mayor prueba que la función del Poder Judicial consiste en poner obstáculos al ejercicio de la democracia para beneficiar a una minoría y no a la par a todos los mexicanos, aquellos que han sido beneficiados por el poder judicial no son más que una minoría de cabecillas de bandas delictivas, de delincuentes de cuello blanco y de grupos empresariales que por décadas han empleado su posición preminente para perpetrar todo tipo de tropelías y que han ejercido un control ilegítimo sobre la economía, la política y los medios, DESPUES VA CON EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS Y SE QUEJA CON Biden y asi “llora que llora con Biden”.

Durante un discurso en el Congreso Mundial de Leyes (World Law Congress), en Nueva York, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, dijo que se debe evitar la politización del trabajo de los jueces, pues eso debilita su independencia, la cual es pilar de la democracia y los derechos humanos; alertó sobre “el discurso de odio, los argumentos sin razón, las constantes críticas, la adjetivación y descalificación del quehacer de las juezas y jueces”, asimismo, manifestó su alarma ante la idea de que los tribunales constitucionales se rijan por las reglas de las mayorías.
En más de una ocasión se ha evidenciado que las instituciones que ella misma encabeza se han alineado con las fuerzas políticas pro empresariales y mediáticas que se oponen por sistema al gobierno federal, como lo pone de manifiesto la misma SCJN y muchos titulares de juzgados y tribunales que no parecen trabajar para la causa de la justicia sino para la de la oposición. Sus propias palabras adquieren un tono autocrítico al decir que la independencia judicial no sólo se define respecto a otros poderes de gobierno, sino también frente a las fuerzas políticas y económicas.

Sobre las manifestaciones de repudio social al Poder Judicial de las que se queja la ministra, debe admitirse que su credibilidad ha decaído por fallar, a favor de empresarios y políticos corruptos, amparar a criminales, liberar a violadores y agresores de mujeres, otorgar a los delincuentes acceso a sus cuentas, los juzgadores obstruyen la justicia en vez de impartirla, he ahí el repudio de los mexicanos.