Porque en México todo se puede justificar, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) decidió perdonar las multas relacionadas con
el uso de acordeones y ayudas visuales en las elecciones internas del Poder
Judicial. Su argumento: “no hay pruebas suficientes”.
El caso había generado polémica después de que circularan videos y fotografías
de aspirantes al Consejo de la Judicatura Federal consultando “notas de apoyo”
—mejor conocidas como acordeones— durante los exámenes de evaluación. El
incidente fue calificado por algunos como “una joya de la simulación” en
procesos que deberían ser los más serios del país.
Sin embargo, el Tribunal concluyó que no existen elementos para sancionar,
porque, aunque las imágenes existen, “no se puede confirmar su contexto”.
Dicho en otras palabras: sí se ve, pero no se sabe si era trampa.
Con esta resolución, el TEPJF cierra otro capítulo en el manual no oficial de la
impunidad institucional. Organizaciones civiles y analistas han criticado la
decisión por considerarla un mensaje de tolerancia a la corrupción, justo en un
Poder Judicial que enfrenta cuestionamientos por opacidad y privilegios.
“Si los jueces se copian y no pasa nada, ¿qué esperamos del resto?”, comentó
irónicamente un usuario en redes, donde el fallo fue tendencia bajo el hashtag
#AcordeónJudicial.
Mientras tanto, los magistrados defendieron su veredicto asegurando que su
función es “garantizar la legalidad, no castigar rumores”. La frase fue suficiente
para encender el debate: ¿en qué momento las instituciones dejaron de cuidar
la ética y empezaron a justificarla?
En resumen, el Tribunal Electoral ya lo dejó claro: en la justicia mexicana, hasta
las trampas necesitan pruebas notarizadas.