En una de las novelas fiscales más largas —y polémicas— de México, por fin
hubo un capítulo nuevo: Grupo Salinas activó el pago de su deuda fiscal, una
cifra monumental de 51 mil millones de pesos, y el SAT ya definió los términos
con los que se llevará a cabo la operación.
Sí, 51 mil millones. Con “mil” y con “millones”. Cifra que no cabe en la
calculadora del celular.
El adeudo, que ha sido motivo de pleitos legales, declaraciones cruzadas,
comunicados intensos y debates eternos en medios, parece avanzar hacia una
resolución. Y aunque aún faltan detalles públicos, lo confirmado hasta ahora es
suficiente para que medio país levante la ceja y diga: “¿Ahora sí van a pagar?”.
De acuerdo con la información oficial, Grupo Salinas inició el proceso de
cumplimiento bajo un esquema acordado con el SAT, que incluye calendarios,
condiciones y mecanismos de garantía. Aunque no se han revelado los plazos
exactos, la autoridad fiscal dejó claro que el pago será vigilado puntualmente. O
sea: no habrá margen para atrasos, olvidos o “contratiempos administrativos”.
El tema ha sido especialmente sensible porque la deuda fiscal del
conglomerado ha sido señalada por años como una muestra de desigualdad en
el sistema tributario. Para muchos ciudadanos —los que pagan impuestos cada
mes religiosamente— ver que una empresa con ese nivel de adeudo finalmente
empieza a saldar cuentas es casi terapéutico.
Para otros, es simplemente lo mínimo.
En redes sociales no faltaron los comentarios irónicos: “¿Aceptarán pagos con
Elektra Pay?”, “¿Da puntos en Banco Azteca?”, “¿Se puede liquidar a meses sin
intereses?”. El humor nacional, como siempre, no perdonó.
Analistas fiscales señalan que el movimiento también manda un mensaje
político importante: el SAT está decidido a cerrar filas y reforzar la recaudación,
incluso con grandes corporaciones. Y que este caso podría marcar un
precedente sobre cómo se manejarán deudas monumentales en los próximos
años.
Mientras tanto, Grupo Salinas mantiene su postura pública de no deber lo que el
SAT asegura, pero también acepta acatar la resolución final. Una posición
intermedia que solo México sabe producir: “pago, pero no te doy la razón”.
Lo cierto es que el caso avanza, el SAT vigila, y los mexicanos observan con
palomitas en mano.