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OPINIÓN DE: MARÍA RESENDIZ
PACHUCA, HGO., 26 DE MARZO DE 2026
En pleno siglo XXI, hablar de escasez de agua en zonas urbanas
debería resultar inaceptable. Sin embargo, la realidad en muchos barrios
y colonias es otra: llaves secas, tinacos vacíos y familias obligadas a
sobrevivir con lo mínimo. Lo más indignante no es solo la falta del
servicio, sino la contradicción evidente: el agua no llega, pero el recibo
sí.
La problemática ya no es esporádica ni atribuible únicamente a
factores climáticos. Se ha convertido en una constante que revela fallas
estructurales en la gestión, distribución e infraestructura hídrica.
Colonias enteras pasan días o semanas sin suministro, dependiendo de
pipas que no siempre llegan a tiempo o que implican un gasto adicional
para los habitantes.
Mientras tanto, los cobros continúan como si el servicio se
prestara con normalidad. Esta situación no solo representa una injusticia
económica, sino también una falta de sensibilidad hacia quienes ven
afectada su vida cotidiana: desde la higiene básica hasta la preparación
de alimentos.
El agua no es un lujo ni un privilegio, es un derecho. Y como tal,
debería garantizarse con responsabilidad, transparencia y eficiencia. No
se puede exigir el pago puntual de un servicio que no se cumple. La
confianza entre ciudadanía y autoridades se erosiona cuando lo básico
falla.
Es momento de replantear prioridades. La inversión en
infraestructura, la detección y reparación de fugas, así como una gestión
equitativa del recurso, deben ser urgentes. Pero también lo es la
rendición de cuentas: si no hay agua, no debería haber cobro.