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POR LA REDACCIÓN
PACHUCA, HGO., 24 DE ABRIL DE 2026
Lo que ocurre con el inmueble otorgado en comodato a la Fundación
Arturo Herrera Cabañas ya no admite matices: es el reflejo de una visión
política que, en los hechos, minimiza la cultura cuando estorba.
En medio del debate, la diputada Tania Meza Escorza fue de las pocas
voces que sostuvo una defensa clara del valor cultural, educativo y
social del espacio. No se trata de un privilegio, sino de un proyecto con
trayectoria que ha generado comunidad y actividad cultural en Hidalgo.
Ignorar eso no es técnica legislativa: es desinterés.
En contraste, sectores de Morena en el Congreso han optado por una
postura que, bajo el discurso de la “revisión jurídica”, termina siendo una
embestida burocrática. La transparencia no puede convertirse en
pretexto para desmontar proyectos incómodos o para ejercer control
político sobre espacios culturales. el inmueble de la Fundación Arturo
Herrera Cabañas ha dejado de ser un asunto técnico o jurídico. Hoy es,
sobre todo, un espejo incómodo de cómo se está entendiendo la cultura
desde el poder político en Hidalgo.
la diputada Tania Meza Escorza ha sostenido una defensa clara del
valor cultural del espacio, recordando algo que a menudo se olvida en la
lógica legislativa: la cultura no es un accesorio del Estado, sino una de
sus funciones esenciales. Su postura no es menor, porque coloca sobre
la mesa la necesidad de proteger proyectos que han construido
comunidad más allá de los ciclos políticos.
Sin embargo, la respuesta de sectores de Morena ha revelado una
tendencia preocupante: la reducción de un espacio cultural a un
expediente administrativo. Bajo el discurso de la “revisión jurídica” y la
“transparencia”, se corre el riesgo de vaciar de contexto histórico y
social decisiones que impactan directamente en la vida cultural de la
ciudadanía.
Nadie puede oponerse a la rendición de cuentas. Pero otra cosa muy
distinta es utilizarla como argumento absoluto para deslegitimar
proyectos culturales sin una valoración integral de su impacto. Cuando
eso ocurre, la política deja de dialogar con la cultura y comienza a
imponerse sobre ella.
Lo más delicado es la normalización de esa tensión: como si la cultura
fuera negociable, prescindible o secundaria frente a criterios de control
institucional. Esa visión empobrece el debate público y debilita el tejido
cultural que tanto se dice querer fortalecer.
El caso de este inmueble no debería resolverse solo en oficinas o
dictámenes. Debería abrir una discusión más profunda: qué lugar ocupa
la cultura en el proyecto político actual y si realmente se le considera un
bien público o solo un recurso administrable.
Porque cuando la cultura se somete por completo a la lógica del poder,
lo que se pierde no es solo un edificio: se pierde visión de futuro.