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HUGO AGUILAR ORTIZ, OJALA NO LE ABRA LA PUERTA A EXPRIISTAS
Y CRÍTICOS DE LA REFORMA JUDICIAL
OPINIÓN DE: CARLOS BETANCOURT
PACHUCA, HGO., 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
La reciente llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la selección de su equipo cercano. Desde su nombramiento, Aguilar Ortiz ha comenzado a incorporar a personas con trayectorias políticas y judiciales cuestionadas, generando alertas sobre posibles “chapulines” aquellos que cambian de lealtad según convenga en puestos estratégicos del Poder Judicial.
Uno de los casos más comentados es el de Alejandra Loya Guerrero, designada como coordinadora de asesores de Aguilar Ortiz.
Loya, quien previamente se opuso públicamente a la reforma judicial, se desempeñaba como secretaria en el 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y encabezaba manifestaciones contra los cambios judiciales. Tras perder su postulación como jueza de distrito, fue incorporada al equipo de la nueva presidencia, generando críticas sobre la coherencia de sus principios y su influencia en decisiones estratégicas.
Otro nombramiento polémico es el de Amanda Pérez Bolaños, quien ocupará la jefatura de comunicación social de la Corte. Pérez tiene antecedentes políticos ligados al PRI y ha trabajado en gobiernos priistas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la parcialidad de la comunicación institucional en el nuevo organismo.
El fenómeno no se limita a la SCJN. Ejemplos recientes en tribunales estatales, como el caso de María José Ocampos Vázquez en Aguascalientes, hija de la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, evidencian la tendencia a privilegiar vínculos políticos sobre méritos judiciales, incluso cuando no obtuvieron el respaldo popular suficiente.
La primera tanda de nombramientos en la SCJN, anunciada mediante la Circular 1/2025, también ha generado críticas por la ausencia de mujeres en puestos clave, a pesar de los avances en paridad de género impulsados por la reforma judicial. Todos los cargos de secretarías ejecutivas y unidades administrativas fueron asignados a hombres, lo que evidencia un desajuste entre los principios de igualdad promovidos y la práctica real en la Corte.
Analistas señalan que esta combinación de “chapulines” y decisiones políticas podría afectar la independencia judicial y el compromiso con la reforma que pretendía democratizar y profesionalizar el Poder Judicial. Para muchos observadores, el reto de Aguilar Ortiz no será solo liderar la Corte, sino garantizar que las designaciones y la operatividad interna reflejen principios de imparcialidad, equidad y transparencia.
Con estos movimientos, la nueva SCJN arranca con un clima de incertidumbre y polémica, en el que los ojos de la ciudadanía y los actores políticos estarán atentos a cada nombramiento y decisión estratégica. La pregunta que queda es si la Corte será realmente un motor de cambio o si, como advierten los críticos, se repetirá la historia de los “chapulines” que priorizan intereses políticos sobre la justicia.