Mes: febrero 2026

Después de años —y siglos— de presencia viva en el territorio, el Congreso de
Chiapas decidió hacer oficial lo que ya era una realidad: el pueblo Akateko
existe. Con la aprobación de la reforma al artículo 7 de la Constitución estatal,
Akateko fue reconocido formalmente como pueblo originario, un paso histórico
que llega tarde, pero que abre una nueva página para el reconocimiento de la
diversidad indígena en el estado.
La reforma busca saldar una deuda histórica con una comunidad que ha
mantenido su lengua, tradiciones y organización social, pese a haber
permanecido durante décadas fuera del marco legal del reconocimiento
institucional. Porque sí, existían, resistían y hablaban su lengua… solo que no
figuraban en la Constitución.
El reconocimiento oficial implica, al menos en el papel, mayores garantías para
la preservación de su identidad cultural, el acceso a políticas públicas con
enfoque intercultural y el derecho a ser consultados en decisiones que afecten
su territorio. En otras palabras, el Estado finalmente acepta que no todas las
comunidades caben en una sola etiqueta.
Los legisladores celebraron la reforma como un avance en materia de derechos
indígenas y pluralidad cultural. Sin embargo, organizaciones sociales y voces
críticas recuerdan que el reconocimiento legal es apenas el primer paso. Sin
presupuesto, programas efectivos y voluntad política, el riesgo es que el
Akateko quede reducido a una mención elegante en un texto constitucional.
Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad étnica del país, pero
también uno de los más desiguales. El reconocimiento del pueblo Akateko
ocurre en un contexto donde muchas comunidades indígenas siguen

enfrentando pobreza, marginación y falta de servicios básicos. El contraste
entre el discurso y la realidad sigue siendo evidente.
Aun así, la reforma tiene un valor simbólico poderoso: nombrar es reconocer, y
reconocer es el inicio de la justicia. El desafío ahora es que este acto no se
quede en aplausos legislativos y comunicados oficiales, sino que se traduzca en
derechos efectivos, respeto a la autodeterminación y políticas públicas que
vayan más allá de la corrección política.
Porque los pueblos originarios no necesitan permiso para existir; lo que
necesitan es que el Estado deje de ignorarlos.

Venecia volvió a hacer lo que mejor sabe: convertirse en escenario. Con
máscaras, trajes exuberantes y calles llenas de color, inició el Carnaval de
Venecia, una de las celebraciones más emblemáticas del mundo, que este año
hace un guiño especial a los Juegos Olímpicos de Invierno y al universo
romántico de ‘Los Bridgerton’.
Hasta el próximo 17 de febrero, la ciudad italiana se transforma en un desfile
continuo de elegancia, música y teatralidad. Entre canales y palacios
históricos, locales y turistas se sumergen en una programación que mezcla
eventos tradicionales con espectáculos contemporáneos, demostrando que
Venecia no solo vive del pasado, sino que sabe reinventarlo.
El carnaval, famoso por sus máscaras barrocas y disfraces de época, ofrece
desde desfiles acuáticos y bailes de gala hasta presentaciones artísticas y
celebraciones populares al aire libre. Este año, la estética olímpica invernal se
cruza con el drama y el glamour televisivo, dando lugar a una celebración que
parece pensada para Instagram tanto como para la historia.
Las autoridades locales esperan alrededor de un millón de turistas, una cifra
que confirma que el Carnaval de Venecia sigue siendo un imán cultural y
económico. Hoteles llenos, restaurantes desbordados y plazas convertidas en
escenarios improvisados forman parte del ritual anual.
Pero detrás del brillo también hay reflexión. Venecia enfrenta desde hace años
el desafío del turismo masivo y la conservación de su patrimonio. El carnaval,

aunque es motor económico, también reaviva el debate sobre cómo mantener
viva la ciudad sin convertirla en un parque temático permanente.
Aun así, durante estas semanas, Venecia decide ponerse la máscara —literal y
simbólicamente— y celebrar. Porque el carnaval no es solo una fiesta: es una
declaración cultural. Una ciudad que, pese al paso del tiempo y las mareas,
sigue apostando por la belleza, el arte y la fantasía como forma de resistencia.

Cuando dos de las voces más reconocidas de la música mexicana se juntan, el
resultado difícilmente pasa desapercibido. Carlos Rivera y Alex Fernández
confirmaron el estreno de su nueva colaboración titulada “Sin Despedida”, un
tema que verá la luz el próximo 12 de febrero y que ya empieza a generar
expectativa entre sus seguidores.
La colaboración une dos estilos que, aunque distintos, comparten una raíz
emocional profunda. Carlos Rivera, conocido por su potencia vocal y baladas
cargadas de sentimiento, se encuentra con Alex Fernández, heredero del legado
ranchero y representante de una nueva generación que mezcla tradición con
sensibilidad contemporánea. El resultado promete ser una canción hecha para
doler… bonito.
“Sin Despedida” apunta a convertirse en un himno para quienes han vivido
amores que terminan sin explicaciones claras. El título lo dice todo: despedirse
sin cerrar ciclos, sin discursos finales y sin promesas cumplidas. Un concepto
simple, pero efectivo, especialmente en tiempos donde las emociones se viven
y se comparten en redes sociales.
El anuncio del estreno fue suficiente para activar a los fans de ambos artistas,
que celebraron la unión como un cruce generacional y estilístico. Para muchos,
la colaboración representa una conversación musical entre la balada pop y la
tradición mexicana, sin necesidad de competir, sino de complementarse.

Ambos cantantes atraviesan momentos sólidos en sus carreras. Rivera
mantiene una presencia constante en escenarios internacionales, mientras que
Alex Fernández continúa construyendo su propio camino, más allá del apellido,
con una propuesta que busca autenticidad y conexión emocional.
En un panorama musical saturado de lanzamientos fugaces, “Sin Despedida”
apuesta por algo más clásico: letra, voz y emoción. Una canción para escuchar
con calma, repetir en silencio y, probablemente, dedicar.
Porque cuando dos voces se juntan para cantar al desamor, el público siempre
está dispuesto a escuchar… incluso sin despedirse.

La justicia estadounidense puso punto final a uno de los episodios más
inquietantes de la campaña política reciente. El hombre que intentó asesinar a
Donald Trump en Florida en 2024 fue condenado a cadena perpetua, una
sentencia que subraya la gravedad del ataque y el nivel de tensión política que
atraviesa Estados Unidos.
El atentado, ocurrido en pleno contexto electoral, encendió las alarmas sobre la
seguridad de los candidatos y el clima de radicalización que se vive en el país.
Aunque Trump sobrevivió al ataque, el episodio dejó claro que la violencia
política ya no es una amenaza lejana, sino una posibilidad real.
Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraron la
intención deliberada de matar al entonces candidato presidencial. El jurado
consideró que el ataque no fue un acto impulsivo, sino un plan premeditado, lo
que llevó a imponer la pena máxima sin posibilidad de libertad condicional.
La sentencia fue recibida como un mensaje claro del sistema judicial: los
ataques contra figuras públicas y el proceso democrático no serán tratados con
indulgencia. En un país donde la polarización se ha vuelto parte del paisaje
cotidiano, el fallo busca marcar un límite.

El caso también reabrió el debate sobre el discurso político, la radicalización y
la facilidad con la que el odio puede traducirse en violencia. Analistas advierten
que castigar no basta si no se atienden las causas profundas que alimentan
estos episodios.
Para Trump, el atentado se convirtió en un elemento más de su narrativa
política, reforzando su discurso de confrontación y victimización. Para el país,
fue una llamada de atención sobre los riesgos de normalizar la violencia en el
debate público.
La cadena perpetua cierra el caso en los tribunales, pero no resuelve la
pregunta de fondo: ¿qué tan cerca está la política estadounidense de cruzar un
punto sin retorno?

Mientras el mundo se prepara para celebrar la próxima Copa del Mundo, una
amenaza mucho menos festiva avanza sin hacer ruido: el sarampión. La
Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que México, Canadá y
Estados Unidos podrían enfrentar un repunte significativo de casos, justo en un
contexto de movilidad masiva por el evento deportivo.
Las estimaciones no son menores. De acuerdo con la OPS, los tres países
podrían superar los 14 mil casos en 2025, una cifra que enciende las alertas
sanitarias y recuerda que las enfermedades que se creían controladas pueden
volver cuando baja la guardia.
El problema no es nuevo, pero sí persistente. La disminución en las tasas de
vacunación, los movimientos antivacunas y las brechas en el acceso a servicios
de salud han creado el escenario perfecto para que el sarampión resurja. Y el
Mundial, con millones de personas cruzando fronteras, podría convertirse en un
catalizador ideal para la propagación.
Las autoridades sanitarias insisten en que la vacuna contra el sarampión es
segura, eficaz y fundamental para evitar brotes. Sin embargo, la advertencia
llega en un momento complejo, donde la desinformación circula tan rápido
como los virus.
México, Canadá y Estados Unidos comparten no solo fronteras, sino flujos
constantes de personas. Eventos masivos como la Copa del Mundo multiplican
el riesgo si no se refuerzan campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica
y cooperación internacional.
La OPS subraya que aún hay tiempo para prevenir un escenario crítico, pero
requiere acción inmediata. No basta con reaccionar cuando los casos
aumentan; la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva.

En medio del entusiasmo futbolero, la advertencia es clara: el espectáculo no
debe opacar la salud pública. Porque ningún gol, por histórico que sea,
compensa una crisis sanitaria evitable.

Un caso criminal sacude a Delaware y, de paso, roza a la política
estadounidense. William Stevenson, de 77 años y exesposo de Jill Biden,
exprimera dama de Estados Unidos, fue arrestado y acusado de asesinato en
primer grado por la muerte de su actual esposa, Linda Stevenson, según
informaron autoridades locales.
El arresto ocurrió tras una investigación que apunta directamente a Stevenson
como presunto responsable del homicidio. Aunque los hechos no están
relacionados con la familia Biden ni con la Casa Blanca, el apellido y el vínculo
pasado bastaron para encender reflectores mediáticos y desatar una oleada de
titulares incómodos.
Las autoridades de Delaware señalaron que la acusación es grave y que existen
elementos suficientes para procesarlo por el delito más severo del sistema
penal estadounidense. El asesinato en primer grado implica premeditación, lo
que coloca el caso en una categoría particularmente delicada y con posibles
consecuencias legales de por vida.
Stevenson estuvo casado con Jill Biden en su juventud, mucho antes de que ella
se convirtiera en figura pública nacional. Sin embargo, el vínculo histórico ha
provocado que el caso se politice en ciertos sectores y que resurjan episodios
del pasado que parecían completamente ajenos a la vida pública actual de la
exprimera dama.
Desde el entorno de Jill Biden no se ha emitido ningún posicionamiento, y todo
apunta a que el caso será tratado exclusivamente en el ámbito judicial. Aun así,
el episodio demuestra cómo la vida privada, incluso la de décadas atrás, puede
reaparecer de forma abrupta cuando ocurre una tragedia.

El proceso legal apenas comienza. Stevenson enfrentará a la justicia
estadounidense bajo una acusación que, de comprobarse, podría llevarlo a
pasar el resto de su vida en prisión. Mientras tanto, el caso mantiene la
atención pública no por su cercanía con el poder, sino por la crudeza de los
hechos.
Porque en ocasiones, la noticia no está en la política… sino en cómo el pasado
regresa de la forma más oscura e inesperada.

Por la Redacción 4 de febrero 2026
La percepción de impunidad y el manejo de recursos públicos en medio de
cuestionamientos legales refuerzan la idea de que la lucha contra la corrupción
sigue siendo más discursiva que efectiva. Para la ciudadanía y diversos actores
políticos, estos hechos representan un flanco crítico que podría desgastar la
credibilidad
Para distintos sectores políticos y sociales, este caso Tello quien se vuelve a
colocar el tema de la corrupción en el centro del debate público en Hidalgo. A
pesar de que la actual administración llegó al poder con la promesa de erradicar
viejas prácticas, los señalamientos contra funcionarios de alto nivel alimentan
la percepción de que persisten conductas que contradicen el discurso oficial.
Analistas advierten que la falta de explicaciones claras y oportunas puede
profundizar la desconfianza ciudadana y convertir la corrupción en un flanco
vulnerable para el gobierno estatal, justo en un momento en el que la exigencia
de transparencia y rendición de cuentas es cada vez mayor.

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por
La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) con el
objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar
en la prevención y control de esta enfermedad.
El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo
crezcan de manera anómala e incontrolada dando lugar a un bulto o masa. Esto
ocurre en todos los cánceres excepto en la leucemia (cáncer en la sangre).

*El programa educativo mantiene una estrecha vinculación con el sector productivo, lo que facilita la inserción laboral en empresas nacionales e
internacionales
Tizayuca, Hidalgo. – La Ingeniería en Automatización Industrial es una licenciatura que forma parte de las profesiones
con mayor proyección, debido al avance de la Industria 4.0, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y el análisis
de grandes volúmenes de datos, explicó Ernesto Flores García, coordinador de este programa educativo en la Escuela
Superior de Tizayuca (ESTi), perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Esta formación se caracteriza por capacitar en la configuración, calibración, instalación, mantenimiento y puesta en
operación de tecnología de vanguardia; en la implementación de sensores para medir distintas variables; en la
operación de redes de equipos de control técnico y de potencia eléctrica, neumática e hidráulica; así como en la
programación de controladores lógicos (PLC) y de automatización (PAC), esenciales para los procesos industriales.
Además del manejo de estas herramientas, el plan de estudios incluye el uso de redes de comunicación y sistemas de
monitoreo y supervisión, denominados interfaces hombre-máquina (HMI), que permiten controlar procesos de forma
remota. De este modo, el estudiantado adquiere conocimientos que integran programación, electrónica y control
industrial.
En este sentido, la preparación ofrece a las y los futuros ingenieros una visión integral para diseñar, implementar y
supervisar proyectos tecnológicos. A su vez, se enfoca principalmente en el desarrollo intelectual y lógico, más que en
esfuerzo físico, lo que la diferencia de otras ramas como la ingeniería mecánica o mecatrónica. “Esta licenciatura te
brindará las tecnologías más actualizadas para que estés al día en este campo profesional”, señaló el docente Garza.
Gracias a los convenios que mantiene la UAEH, existe una estrecha vinculación con el sector productivo, lo que facilita la
inserción laboral de quienes egresan en empresas nacionales e internacionales. Aunado a ello, la ubicación estratégica
de la escuela, cercana a importantes corredores industriales de Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Puebla y la
Ciudad de México, favorece la realización de prácticas profesionales y el acceso a diversas oportunidades laborales.
Por otro lado, se impulsan actividades complementarias, como la organización de congresos internacionales en los que
especialistas comparten avances científicos y tecnológicos. Por ello, el perfil de ingreso requiere pensamiento lógico,
interés por la programación y bases sólidas en matemáticas y física, así como habilidades de comunicación, lectura,
redacción y proactividad, competencias clave para modernizar procesos productivos.

Cuando el dinero es mucho, el control importa. Y si hablamos de 5.6 billones de
pesos hasta 2030, la cosa se pone seria. La Secretaría de Hacienda (SHCP)
anunció la creación de un nuevo Consejo para infraestructura, que será
encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y cuya tarea no es menor:
administrar y coordinar uno de los paquetes de inversión más grandes de los
próximos años.
El anuncio suena técnico, pero el trasfondo es político. Infraestructura significa
carreteras, puertos, trenes, energía, agua, hospitales… y también significa
decisiones, prioridades y poder. Con este nuevo consejo, Sheinbaum no solo
supervisará el rumbo económico, sino que colocará su sello en el corazón del
desarrollo nacional.
Según Hacienda, el consejo buscará ordenar, dar seguimiento y asegurar que
los proyectos estratégicos avancen sin los retrasos, sobrecostos o
improvisaciones que han marcado obras del pasado. En teoría, menos
burocracia; en la práctica, más centralización.
Los recursos —5.6 billones de pesos— se ejercerán gradualmente hasta 2030,
con participación tanto pública como privada. La apuesta es clara: detonar
crecimiento económico, empleo y conectividad. El riesgo, como siempre, está
en la ejecución. Porque en México, los megaproyectos suelen prometer futuro…
y entregar polémica.
Para el gobierno, el consejo representa una herramienta de coordinación y
control. Para los críticos, una señal de que el poder económico se concentra

cada vez más en el Ejecutivo. La ironía es inevitable: se busca eficiencia, pero
bajo una sola batuta.
Sheinbaum ha insistido en que su administración priorizará la planeación, la
transparencia y la sostenibilidad. El nuevo consejo es presentado como prueba
de ello. Sin embargo, los resultados no se medirán en comunicados, sino en
obras que funcionen, presupuestos que alcancen y promesas que no se queden
en renders.
Por ahora, el mensaje es contundente: la infraestructura será eje del sexenio. Y
quien coordina el dinero, coordina el rumbo.

Cuando una presidenta dice “sí habrá reforma”, no está pidiendo permiso: está
marcando agenda. Claudia Sheinbaum lo dejó claro esta semana al confirmar
que la reforma electoral va y que será enviada al Congreso en febrero. Sin
rodeos, sin suspenso… y, por supuesto, sin evitar la polémica.
La frase fue breve, pero el eco es largo. Reforma electoral es sinónimo de
debate encendido, suspicacias opositoras y recuerdos recientes de
movilizaciones ciudadanas. Y aun así, Sheinbaum decidió avanzar. El mensaje
es claro: el tema no se congela, se discute ahora.
Aunque el contenido específico de la iniciativa aún no se presenta de manera
formal, desde Palacio Nacional se insiste en que la propuesta buscará ajustar el
sistema electoral, reducir costos y fortalecer lo que el gobierno considera áreas
de oportunidad. Del otro lado, críticos anticipan riesgos a la autonomía de los
órganos electorales y alertan sobre posibles retrocesos democráticos.
Nada nuevo bajo el sol. En México, cada intento de tocar las reglas del juego
electoral provoca alarma, marchas, comunicados urgentes y análisis de
sobremesa. Lo distinto esta vez es el timing político: Sheinbaum inicia su
administración con el control de la narrativa y con una mayoría legislativa que
podría facilitar el camino.
La presidenta ha reiterado que la reforma no busca eliminar elecciones ni
concentrar el poder, sino modernizar un sistema que, asegura, se ha vuelto
costoso y poco eficiente. Sin embargo, la palabra “reforma” aplicada a la

democracia mexicana nunca pasa sin desconfianza. Y quizá ahí radica el
verdadero reto: convencer.
Febrero será el mes clave. El Congreso recibirá la iniciativa y, con ella, un
debate que promete subir de tono. Lo que está en juego no es solo una ley, sino
la confianza pública en las reglas electorales.
Por ahora, Sheinbaum ya hizo su parte: avisar. El reloj político empezó a correr
y, como siempre, el árbitro será el Congreso… y la opinión pública.

La medicina acaba de cruzar una frontera que parecía impensable. España
realizó el primer trasplante de cara del mundo utilizando el tejido de una
donante que solicitó la eutanasia, una decisión personal que, incluso después
de la muerte, terminó devolviéndole la vida —social, emocional y humana— a
otra persona.
La protagonista de esta historia es Carme, una mujer que había perdido gran
parte de su rostro y, con él, algo igual de esencial: la posibilidad de relacionarse
con el mundo sin miedo, dolor o aislamiento. Comer, hablar, salir a la calle o
mirarse al espejo eran actos marcados por la dificultad y la exclusión. Hasta
ahora.
El procedimiento fue llevado a cabo por un equipo médico altamente
especializado, que combinó planificación quirúrgica en 3D, simulaciones previas
y una coordinación milimétrica. Nada quedó al azar. Antes de entrar al
quirófano, los cirujanos ya habían “ensayado” el rostro, ajustando cada
estructura como si se tratara de un rompecabezas humano.
La donante, una persona que optó legalmente por la eutanasia debido a una
enfermedad irreversible, dio su consentimiento para la donación de tejidos. Su
decisión abrió un debate profundo, pero también una posibilidad inédita:
transformar una muerte asistida en un acto final de vida para otros.
El trasplante no fue solo estético. Incluyó músculos, piel, nervios y vasos
sanguíneos, lo que permitió que Carme recuperara funciones básicas y, poco a
poco, expresiones faciales. Más que un nuevo rostro, ganó algo que había
perdido: la vida social.
El caso ha generado atención mundial no solo por la complejidad médica, sino
por el cruce de dos temas sensibles: la eutanasia y la donación de órganos.
Para el equipo médico, el mensaje es claro: ética, consentimiento informado y
ciencia pueden coexistir.

Este hito no promete soluciones inmediatas para todos, pero sí marca un antes
y un después. La medicina no solo salvó una vida: le devolvió identidad,
dignidad y futuro.

Pocas frases dicen tanto con tan poco. Tras su reunión con Gustavo Petro,
Donald Trump resumió el encuentro con una declaración digna de titular:
“Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia”. Diplomacia exprés, sonrisa medida y
cámaras encendidas. Todo en orden.
El encuentro entre el presidente de Colombia y el expresidente —y nuevamente
protagonista central— de Estados Unidos fue seguido en vivo, como si se
tratara de un episodio político de alto rating. Y no es para menos: Petro y Trump
representan visiones casi opuestas del mundo, pero compartieron mesa,
palabras amables y un mensaje de cordialidad cuidadosamente empaquetado.
Para Petro, la reunión es parte de su estrategia de posicionamiento
internacional: dialogar con todos, incluso con quienes piensan distinto. Para
Trump, el encuentro funciona como recordatorio de que sigue siendo un actor
clave en la política global, incluso fuera de la Casa Blanca.
El contenido concreto de la conversación fue, como suele ocurrir, menos claro
que las frases finales. Se habló de relaciones bilaterales, cooperación,
migración y estabilidad regional. Nada explosivo, nada disruptivo. Justo lo
necesario para que ambos salieran sin sobresaltos.
La frase de Trump no pasó desapercibida. “Amo a Colombia” es una declaración
que suena bien, cae mejor y evita conflictos. No menciona gobiernos, no
promete políticas, no compromete decisiones. Es afecto diplomático sin letra
chica.
Petro, por su parte, mantuvo un tono institucional, consciente de que cada
gesto cuenta. En política internacional, el fondo importa, pero la forma también.
Y esta vez, la forma fue impecable.

La reunión deja una postal clara: incluso en un mundo polarizado, los líderes se
siguen sentando, estrechando manos y diciendo lo políticamente correcto. Lo
que venga después ya es otra historia.
Por ahora, el mensaje quedó grabado: cordialidad, respeto y una frase que hará
eco más allá del encuentro. Porque en política, a veces, una línea basta para
dominar el titular.

En política exterior, los respaldos no se regalan; se calculan. Y Claudia
Sheinbaum decidió mover ficha al confirmar su apoyo a la candidatura de
Michelle Bachelet para un cargo clave en la ONU. Un gesto que, aunque suena
diplomático y cordial, tiene más lectura política de la que aparenta.
Bachelet no es cualquier nombre. Expresidenta de Chile, médica, socialista y ex
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su
trayectoria carga tanto prestigio internacional como polémica. Para algunos, es
una figura de consenso; para otros, una voz incómoda que no siempre dijo lo
que se esperaba cuando el poder la puso a prueba.
El respaldo de México, ahora bajo el liderazgo de Sheinbaum, manda varios
mensajes al mismo tiempo. Hacia afuera, proyecta continuidad en una política
exterior que privilegia el multilateralismo y la presencia en organismos
internacionales. Hacia adentro, refuerza una narrativa de afinidad ideológica
con liderazgos progresistas de la región.
Sheinbaum fue clara al señalar que Bachelet cuenta con la experiencia, el perfil
y la legitimidad para asumir responsabilidades globales. No hubo matices ni
tibiezas. El apoyo es abierto y directo, algo poco común en un escenario donde
muchos gobiernos prefieren guardar silencio hasta ver cómo se alinean las
mayorías.
En el tablero internacional, este tipo de respaldos también funcionan como
moneda de cambio. Hoy se apoya una candidatura; mañana se construyen
alianzas, votos y posiciones estratégicas. La ONU, después de todo, es tanto un
foro de principios como de intereses.

Para Bachelet, el respaldo mexicano suma peso regional. Para Sheinbaum, es
una manera de marcar estilo propio en política exterior: menos estridencia, más
señales claras.
En un mundo convulso, donde los organismos internacionales enfrentan críticas
por su eficacia, la apuesta por figuras con experiencia es una declaración
política en sí misma. Y México ya eligió bando.

En el Senado, las promesas pesan más cuando se dicen en voz alta. Ignacio
Mier asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y lo
hizo con un mensaje que suena bien… y que ahora tendrá que sostener con
hechos: diálogo, inclusión y respeto a la pluralidad.
Mier llega a una de las posiciones más estratégicas del Poder Legislativo. La
Jucopo no solo coordina bancadas; define ritmos, destraba conflictos y decide
qué se discute y cuándo. En otras palabras, es el tablero donde la política se
juega sin reflectores, pero con efectos reales.
El nuevo presidente prometió mantener abiertos los canales de comunicación
con todas las fuerzas políticas, incluso en un contexto marcado por reformas
sensibles y debates de alto voltaje. La palabra clave fue “diálogo”, una que en el
Congreso suele pronunciarse mucho y cumplirse poco.
Según Mier, la intención es construir acuerdos sin imponer mayorías mecánicas
ni cerrar la puerta a la oposición. El reto es mayúsculo: coordinar intereses
distintos en un Senado donde las tensiones no solo son ideológicas, sino
personales y estratégicas.
El discurso también incluyó una defensa de la política como herramienta para
resolver diferencias, no para profundizarlas. Suena bien, especialmente en
tiempos donde la confrontación suele rendir más titulares que los consensos.
Sin embargo, la prueba no está en el micrófono, sino en la agenda. Reforma
electoral, seguridad, presupuesto y relaciones con el Ejecutivo pondrán a
prueba esa promesa de inclusión. Porque dirigir la Jucopo implica equilibrar
poder, escuchar críticas y, cuando toca, ceder.

Ignacio Mier ya tomó el cargo. Ahora le toca demostrar que el diálogo no fue
solo una frase inaugural, sino una forma real de hacer política. En el Senado, las
palabras vuelan… las decisiones se quedan.

Cuando se trata de procesos judiciales internacionales, la prisa nunca es
protagonista. Esta semana, un juez en Nueva York decidió aplazar nueve días la
audiencia del caso contra Nicolás Maduro, una decisión que, aunque técnica,
vuelve a poner en pausa un expediente tan político como jurídico.
El aplazamiento no implica absolución, avance ni retroceso definitivo. Es, más
bien, otro capítulo en una historia larga, compleja y cargada de tensiones
diplomáticas. El caso forma parte de los procesos abiertos en tribunales
estadounidenses contra el presidente venezolano, a quien se le señalan
presuntos delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.
Desde Caracas, la respuesta ha sido la de siempre: desconocer la jurisdicción
de Estados Unidos, calificar el proceso como una persecución política y cerrar
filas en torno a la soberanía nacional. Desde Washington, el discurso tampoco
cambia: las acusaciones siguen vigentes y los tiempos judiciales avanzan… a su
ritmo.
El aplazamiento de nueve días puede parecer menor, pero en estos casos cada
día cuenta. No solo por lo legal, sino por lo simbólico. Maduro gobierna
Venezuela mientras enfrenta procesos fuera de su país, una paradoja que refleja
el choque entre el poder político interno y las cortes internacionales.

Para sus aliados, el retraso es irrelevante. Para sus críticos, es frustrante. Y
para las víctimas de la crisis venezolana, el proceso judicial sigue siendo una
promesa lejana, difícil de traducir en justicia real o cambios inmediatos.
Lo cierto es que el caso contra Maduro se mueve lentamente, pero no
desaparece. Cada aplazamiento recuerda que el expediente sigue abierto y que,
aunque la política acelere discursos, la justicia avanza en cámara lenta.
Nueve días más no cambian el tablero, pero mantienen viva una historia que,
tarde o temprano, volverá a tocar puerta.

Creer que el sarampión es cosa de libros de historia resultó ser un error
costoso. Enero de 2026 cerró con un aumento significativo de casos de
sarampión en México, encendiendo alertas sanitarias y obligando a tomar
medidas que parecían impensables hace algunos años: suspensión de clases en
al menos 15 escuelas de Jalisco.
Las autoridades de salud confirmaron nuevos contagios en distintos estados del
país, con Jalisco entre las entidades con mayor número de casos, seguido por
otras regiones donde las coberturas de vacunación han mostrado retrocesos. El
patrón es claro y preocupante: donde faltan vacunas, el virus encuentra terreno
fértil.
El sarampión es altamente contagioso. Basta el contacto con una persona
infectada o permanecer en un espacio cerrado donde haya estado alguien
enfermo para que el virus se propague. Por eso, las decisiones de cerrar
escuelas no son exageradas, sino medidas de contención urgentes.
Detrás del brote hay un elefante en la habitación: la disminución en los
esquemas completos de vacunación, ya sea por desinformación, falta de acceso
o simple descuido. El resultado es un retroceso sanitario que pone en riesgo,
sobre todo, a niñas y niños.
Las autoridades sanitarias han reiterado el llamado a revisar cartillas de
vacunación y completar esquemas, al tiempo que se reforzaron campañas de
inmunización en zonas con mayor incidencia. El mensaje es tan simple como
incómodo: el sarampión se puede prevenir, pero solo si se vacuna.
Más allá de las cifras, el impacto es cotidiano: padres reorganizando rutinas,
escuelas cerradas, sistemas de salud bajo presión y una sensación de déjà vu
que nadie quería revivir. Enfermedades que se creían controladas están
regresando, y no por mutación, sino por omisión.

El brote de sarampión no es solo un tema médico; es un recordatorio social. La
salud pública funciona cuando todos participan. Y cuando no, el virus no
pregunta opiniones: simplemente avanza.

La NFL ya no juega solo en domingo ni solo en Estados Unidos. Ahora también
juega a la diplomacia deportiva. La liga confirmó que en 2026 habrá partido
oficial en Francia, con los New Orleans Saints como uno de los protagonistas, y
el escenario no podía ser más simbólico: el Stade de France.
La noticia confirma lo que ya era evidente: el futbol americano dejó de ser un
deporte “local” y se convirtió en un producto global cuidadosamente exportado.
Londres ya es parada obligada, Alemania se sumó con estadios llenos y ahora
París entra al juego, con croissant en una mano y balón ovalado en la otra.
Que los Saints estén involucrados no es casualidad. El equipo mantiene una
conexión histórica con Francia por sus raíces culturales en Nueva Orleans, una
ciudad marcada por la herencia francesa. La NFL lo sabe y lo explota bien:
marketing con narrativa incluida.
Para la liga, el objetivo es claro: crecer audiencias, vender mercancía y
consolidar nuevos mercados europeos. Para Francia, el partido es una vitrina
internacional que mezcla espectáculo, turismo y músculo organizativo. Y para
los aficionados, una excusa perfecta para ver fútbol americano… con vino en
lugar de cerveza.
El Stade de France, acostumbrado a finales de Copa del Mundo, conciertos
masivos y Juegos Olímpicos, ahora se prepara para recibir cascos, tackles y un
espectáculo diseñado al milímetro. Porque si algo hace bien la NFL, es convertir
cada partido en evento.
Este anuncio también manda un mensaje interno: la NFL no planea frenar su
expansión. El calendario internacional llegó para quedarse y cada nueva sede
confirma que el balón ovalado habla más idiomas de lo que parecía.

En 2026, París no solo será ciudad luz. Será ciudad touchdown.

En un país donde la violencia política suele quedar atrapada entre comunicados
ambiguos y expedientes inconclusos, Omar García Harfuch decidió salir a dar la
cara. El funcionario anunció la captura del presunto responsable del atentado
armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, un hecho que
sacudió la agenda pública y volvió a encender las alertas sobre la seguridad de
actores políticos en México.
El mensaje fue breve, pero contundente: hay un detenido y la investigación
avanza. En tiempos donde la desconfianza hacia la justicia es casi un reflejo
automático, el anuncio busca enviar una señal clara: los ataques contra
representantes populares no quedarán en el limbo.
El atentado, ocurrido en Sinaloa, dejó heridos y una pregunta incómoda flotando
en el ambiente: ¿hasta qué punto el crimen organizado se siente con permiso de
cruzar la línea hacia la violencia política directa? La respuesta oficial intenta
marcar un límite: ninguno.
Harfuch, conocido por su perfil operativo y por no abusar de los reflectores,
destacó que la detención fue resultado de labores de inteligencia y
coordinación entre corporaciones. Nada de golpes de suerte, al menos en el
discurso. La narrativa es clara: hay capacidad de respuesta del Estado.
Para Movimiento Ciudadano, el anuncio representa un respiro, aunque no un
cierre. La exigencia es que la investigación llegue hasta las últimas
consecuencias y no se quede en el “autor material” de siempre. Porque en
México, detener a un responsable no siempre significa desmontar la estructura
detrás del ataque.
El caso también reabre un debate incómodo: la seguridad de diputados, alcaldes
y candidatos en regiones donde el poder criminal no es un rumor, sino una
realidad cotidiana. Cada atentado de este tipo es un recordatorio de que la

democracia se juega, muchas veces, en territorios donde las balas todavía
hablan fuerte.
La captura no borra el atentado, pero sí cambia el mensaje. Y esta vez, el
mensaje es claro: la violencia política no pasará desapercibida.

La violencia política no solo deja discursos de condena; deja cuerpos heridos y
hospitales vigilados. El diputado Sergio Torres Félix continúa en terapia
intensiva, mientras que Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputada local de
Movimiento Ciudadano, ya fue dada de alta tras resultar lesionada en el
atentado armado que sacudió recientemente a Sinaloa.
El contraste es inevitable. Por un lado, la mejoría de Montoya Ojeda ofrece un
respiro dentro de un episodio marcado por la incertidumbre. Por el otro, el
estado crítico de Torres Félix recuerda que la gravedad del ataque sigue
latente, más allá de comunicados oficiales.
El atentado no distinguió cargos ni trayectorias. Fue directo, violento y con un
mensaje que va más allá de las personas afectadas: la política sigue siendo un
terreno vulnerable en regiones donde el crimen organizado impone su propia
lógica. Y esa es la herida que no sana rápido.
Autoridades médicas han señalado que Torres Félix permanece bajo
observación constante, con pronóstico reservado. Cada actualización se sigue
con atención, no solo por su estado de salud, sino por lo que simboliza: un
legislador herido por ejercer su función en un contexto hostil.
En el caso de Montoya Ojeda, el alta médica no significa cierre. Vendrán
procesos de recuperación, medidas de protección y, probablemente, silencios
obligados. Porque sobrevivir a un atentado también deja secuelas invisibles.
Mientras tanto, la clase política vuelve a exigir garantías de seguridad,
investigaciones a fondo y castigo a los responsables. El problema es que estas
exigencias ya se han escuchado antes. Demasiadas veces.

La pregunta incómoda persiste: ¿cuántos atentados más se necesitan para que
la violencia política deje de ser “nota” y se convierta en prioridad real? Hoy, un
diputado sigue luchando por su vida, y eso debería bastar para sacudir
conciencias.